Bolivia logra acuerdos con empresas española y rusa para evitar arbitrajes internacionales Por EFE
20.12.2024 03:24
La Paz, 19 dic (.).- La Procuraduría General del Estado de Bolivia (PGE) informó este jueves que alcanzó acuerdos con la empresa española Copasa y la firma rusa Human Vaccine para evitar comparecer ante tribunales de arbitraje en demandas que juntas podían alcanzar los 45 millones de dólares.
El procurador Sidney Morales indicó que en el caso de la española Copasa se trabajó en un «acuerdo transaccional» que dio fin a la posibilidad de ir a un arbitraje internacional por el pago de 18 millones de dólares por un «incumplimiento de contrato».
El caso comenzó en septiembre de 2023 cuando la firma ibérica presentó una demanda por un presunto incumplimiento de contrato por parte de la estatal boliviana Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), respecto a la construcción de una carretera en el departamento de La Paz.
La PGE señaló que desde enero a diciembre de este año se ingresó a un proceso de negociación «con el fin de llegar a un acuerdo amigable» sin la necesidad de recurrir a una instancia arbitral.
Por otro lado, la situación con la rusa Human Vaccine tiene que ver con un contrato firmado en diciembre de 2020 con la estatal Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (SEAS), por la no adquisición de 2,7 millones de vacunas Sputnik contra la covid-19.
La PGE precisó que la reclamación de la firma rusa alcanzaba los 27 millones de dólares, por lo que mediante la Embajada de Bolivia en Rusia se consiguió una negociación para que la empresa renuncie a ir a un arbitraje internacional.
Sobre los dos casos, el procurador Morales indicó que son «30 millones (de dólares) que se han evitado pagar en posibles demandas».
Asimismo precisó que de los 18 millones de dólares que inicialmente reclamaba la española Copasa se pagarán «únicamente» 8 millones, mientras que de los 27 millones que exigía Human Vaccine se evitó el pago de 20 millones.
Morales señaló que la reciente acción de la PGE forman parte de una tarea de «prevención» en negociaciones para que el Estado boliviano y sus dependencias públicas «eviten ir a un arbitraje internacional».
