Bruselas abre expediente a España y otros 22 países por trabas a trabajadores temporales Por EFE
16.12.2024 14:19
Bruselas, 16 dic (.).- La Comisión Europea abrió este lunes un procedimiento de infracción contra España y otros veintidós Estados miembros por controles «injustificados» a los profesionales que desean prestar servicios de forma temporal u ocasional, informó la institución en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario considera que España y Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia «exigen controles previos de forma injustificada para varias profesiones», en especial en tres sectores de particular importancia: la construcción, el transporte y los servicios empresariales.
La directiva europea de 2005 sobre cualificaciones profesionales de la UE facilita a los profesionales la prestación de sus servicios de forma temporal y ocasional en diferentes Estados miembros, al tiempo que garantizan la protección de los consumidores y ciudadanos.
Excepcionalmente, en el caso de profesiones que tengan implicaciones para la salud y la seguridad públicas, los Estados miembros podrán comprobar las cualificaciones antes de permitir la prestación de servicios.
Estos controles previos pueden retrasar significativamente el inicio de las actividades y, por tanto, sólo pueden imponerse en condiciones estrictas, en particular cuando la falta de cualificación profesional pueda provocar daños graves a la salud o la seguridad del destinatario del servicio, recordó hoy Bruselas.
Al considerar que España y los otros veintidós Estados miembros han incumplido los requisitos, Bruselas envió hoy una carta pidiendo información a las respectivas administraciones, que tienen dos meses a partir de ahora para responder, según explicó el Ejecutivo comunitario sin dar más detalles.
En caso de no hacerlo, Bruselas podría enviarles una segunda carta, que es el paso previo antes de poder llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, si España y los demás cree que sigue incumpliendo con los procedimientos europeos.
