Bustinduy aboga por incluir en los presupuestos el 21 % de IVA para los pisos turísticos Por EFE
01.12.2024 11:43
Madrid, 1 dic (.).- El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha abogado por intervenir el mercado de la vivienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y por incorporar que los pisos turísticos paguen un 21 % de IVA, igual que los hoteles, una medida que finalmente se quedó fuera del paquete fiscal recientemente aprobado.
En una entrevista con El País, Bustinduy se muestra convencido de que va a haber Presupuestos y de que estos tienen que abordar el problema de la vivienda.
«Hay que aplicar la ley de vivienda, topar los precios de los alquileres y prohibir la compra especulativa en zonas tensionadas. Y perseguir negocios basados en prácticas abusivas. Hay que intervenir políticamente el mercado de la vivienda y el momento de hacerlo son los Presupuestos Generales del Estado», afirma.
El ministro define como «positivo» el paquete fiscal que ha aprobado el Gobierno.
Pero admite que, para Sumar, supone un «avance limitado en la senda de una fiscalidad mas progresiva y ambiciosa», ya que muchas de sus propuestas no han salido, como la fiscalidad de los pisos turísticos, de las socimis, seguros sanitarios privados, educación privada, bienes suntuarios y fiscalidad verde.
Ha recordado que su Ministerio está investigando tanto a los pisos turísticos sin licencia como a las grandes inmobiliarias que cobran por alquilar una vivienda o piden fianzas desproporcionadas y por el fraude en la utilización de contratos de temporada.
Al respecto, ha hecho hincapié en que el negocio de los pisos turísticos «está constituido sobre prácticas que pueden ser ilegales o abusivas» y, por tanto, sancionables.
También ha recomendado a las aerolíneas que «ajusten su margen de beneficio» tras la sanción histórica de 179 millones de euros que les ha impuesto por prácticas abusivas.
Ha advertido además contra las falsas rebajas en el comercio electrónico y ha confiado en que el próximo año se complete la tramitación de la ley de consumo sostenible que va a prohibir el ‘greenwashing’ o lavado de imagen verde que utilizan como estrategia algunas empresas.
