Concluye la consulta pública para reformar la polémica tarifa regulada de luz

Madrid, 7 nov (.).- El Ministerio para la Transición Ecológica cierra este lunes la consulta pública previa a la modificación de la tarifa regulada de la luz o PVPC, un proyecto que plantea, entre otras novedades, que este precio se aplique solamente a consumidores domésticos y microempresas.

En su memoria de análisis de impacto normativo, el Gobierno defiende que el PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) se circunscriba a estos consumidores, ya que la redacción original de la norma no preveía ninguna restricción respecto al tamaño de la empresa beneficiaria, sino que únicamente establecía un límite de potencia contratada de 10 kilovatios (kW).

Eso sí, el documento aclara que esta limitación de potencia contratada seguirá manteniéndose con la entrada en vigor del futuro real decreto.

De acuerdo con el texto, esta modificación implica abordar un sistema de acreditación basado en una declaración responsable de cara a certificar la consideración de microempresa para aquellas sociedades que decidan acogerse a dicho precio.

Este proceso y el acceso al PVPC será supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, de forma transitoria, todas las empresas continuarán con su suministro referenciado a la tarifa regulada hasta el momento en el que tengan que renovar su contrato.

En cualquier caso, la circunscripción del PVPC a consumidores domésticos y microempresas no se aplicaría hasta el 1 de enero de 2024.

OBJETIVO: REDUCIR LA VOLATILIDAD DEL PRECIO

La propuesta persigue reducir la volatilidad del PVPC, contratada por los titulares de unos nueve millones de puntos de suministros, esto es, el 35 % del país, a tenor de los cálculos del Ejecutivo.

Indexado a los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), la tarifa regulada de la luz ha sido la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación en 2014.

Sin embargo, su relación con los precios mayoristas a corto plazo provoca que sus variaciones se reflejen de forma automática en las facturas finales, como ha sucedido en los últimos meses con los picos registrados por la guerra en Ucrania.

Por ello, el departamento que dirige Teresa Ribera plantea reducir progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario y tener en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo del Mibel, donde se compra energía con antelación en diferentes horizontes temporales.

Atendiendo a este planteamiento, la oscilación de precios se reduciría un tercio, pasando del 27 % al 17 % durante la jornada diaria, y del 23 % al 16 % en la media mensual durante el conjunto del año, según los datos que maneja el Gobierno, que no ha difundido previsiones sobre en qué porcentaje se podría reducir la factura.

Tomando de base los datos de la CNMC sobre energía final correspondiente a las comercializadoras de referencia entre 2018 y 2021 y, a falta de información sobre los últimos meses, la reducción de precio vinculada al real decreto ascendería a 297,1 millones de euros.

LA CONSULTA PÚBLICA

Entre otras cuestiones, la consulta pública que se cierra hoy pretende aclarar si, desde la perspectiva de las partes involucradas, procede reformular la estructura metodología de cálculo del PVPC, y, de ser así, qué fórmula sería la más adecuada para definir esta tarifa.

El proyecto también precisa del informe preceptivo de la CNMC, así como de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ministerio de Política Territorial, y el informe del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se solicitará el dictamen del Consejo de Estado.

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