Condenado a 1 año de cárcel por coacciones el cerebro de la estafa con criptos de Arbistar

Madrid, 23 jun (.).- La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a Santiago Fuentes, principal acusado de la presunta estafa con criptomonedas de Arbistar que investiga la Audiencia Nacional, a un año de cárcel por un delito de coacciones sobre un intermediario en bitcoins.

En una sentencia fechada el pasado 6 de junio a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia absuelve a Fuentes y a otras tres personas de los delitos de vulneración de la intimidad e integración en grupo criminal.

Entre los hechos probados, la sentencia destaca que Santiago Fuentes y sus socios mexicanos asediaron con mensajes de WhatsApp y retuvieron durante varias horas en un hotel y en un vehículo a un hombre al que habían entregado 340 bitcoins, de los que no consta que este los invirtiera o los devolviera.

Tras estos requerimientos a través de WhatsApp, Fuentes Jover y sus asociados mexicanos contrataron a un grupo de colombianos, que amenazaron a la víctima y a su familia, según relata la sentencia.

Posteriormente, le retuvieron varias horas, aunque la víctima pudo avisar a un familiar y la Guardia Civil detuvo a Santiago Fuentes y uno de sus socios, y pusieron en libertad a la víctima.

El pasado 6 de junio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procesó a los siete presuntos miembros de la plataforma de criptomonedas Arbistar, que entre mayo de 2019 y septiembre de 2020 habrían estafado más de 92 millones de euros a 32.000 inversores, dirigida por Fuentes.

El magistrado procesó al líder de la trama y a otras seis personas por delitos de organización criminal y masa de estafa y les impuso el pago de una fianza solidaria de 123 millones de euros.

A través de la plataforma www.arbistar.procesados comercializaban el uso de determinados programas automáticos de inversión llamados «Community Bot», que bajo eslóganes como «con este sistema siempre se gana» y «ganar es la única opción» garantizaba a los inversores unas ganancias entre un 8 % y un 15 % mensual, con el único requisito de que en dos meses no podrían retirar su dinero.

El algoritmo, que supuestamente se basaba en un software que aplicaba inteligencia artificial, «nunca existió», por lo que la sociedad vendía «humo», señalaba el juez Calama.

Arbistar ofrecía una inversión garantizando la obtención de una rentabilidad asegurada, al haber desarrollado un robot que realiza automáticamente arbitraje con criptomonedas; el inversor, tras instalar este software en su ordenador, sólo debía esperar a recibir sus ganancias.

Pero en realidad la trama utilizó una parte del dinero obtenido para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, una clásica estructura de estafa piramidal, que se usaba también para atraer nuevos inversores.

El juez Calama cuantifica en torno a los 32.000 el número de perjudicados, de los cuales han quedado individualizados cerca de 5.000, y valora en más de 92 millones de euros el total de la cantidad defraudada; 55 de los perjudicados invirtieron más de 50.000 euros cada uno, y otros 17, 250.000.

«Con evidente ánimo de lucro, hicieron creer a las víctimas que tenían una estructura empresarial seria, capaz de generar unos fáciles y suculentos beneficios a todos los que confiaran en su fraudulento sistema basado en un ‘bot’ de arbitraje automatizado», siendo dicho engaño la causa del desplazamiento patrimonial que hicieron todos y cada uno de sus inversores.

En realidad, añade, dicho sistema no era más que «un espejismo causado por la ceguera de la ganancia prometida».

Para el juez, el relato de hechos demuestra la existencia de un entramado criminal constituido en torno a la figura de Santiago Fuentes Jover, que lidera la organización, y de la que el resto de los procesados formaba parte ejecutando distintas tareas operativas.

El titular del juzgado central de instrucción nº 4 ha descartado procesar por estos hechos a cuatro investigados ante la falta de indicios de su participación en la operativa, que se mantienen como investigados por supuesto blanqueo de capitales en una pieza separada.

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