¿De qué trata el proyecto de ley sobre Taiwán que EE.UU. busca aprobar y por qué supone un «desafío directo» para los lazos entre Washington y Pekín?
10.08.2022
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10.08.2022 18:59
Imagen ilustrativa Gettyimages.ru
En un intento por evitar una escalada con Pekín, la Casa Blanca está presionando a los senadores estadounidenses para que frenen un proyecto de ley que alteraría la política de EE.UU. hacia Taiwán, mejorando los lazos con la isla, según reportó Bloomberg la semana pasada.
La Ley de Política de Taiwán de 2022 pretende:
Proporcionar casi 4.500 millones de dólares en ayuda a la seguridad durante los próximos cuatro años y designar a Taiwán como «principal aliado no perteneciente a la OTAN».
Reformar las prácticas y procedimientos burocráticos para reforzar el apoyo al gobierno de Taiwán.
Proporcionar apoyo adicional a la participación de Taiwán en organizaciones internacionales y en acuerdos comerciales multilaterales.
Adoptar medidas concretas para contrarrestar las «agresivas campañas de influencia» de China.
Crear un programa de becas para Taiwán.
Establecer un sólido régimen de sanciones para disuadir a Pekín.
El proyecto está patrocinado por el presidente de Relaciones Exteriores, el senador demócrata Bob Menéndez, y el senador republicano Lindsey Graham, duros críticos de la política china hacia Taiwán. Los legisladores indicaron que las reacciones de la Administración tanto al viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como al nuevo proyecto legislativo muestran que la Casa Blanca está siendo demasiado cautelosa.
«Están tratando de obstaculizarlo y diluirlo, porque parecen enfocar todos los conflictos de esa manera», señaló Graham. «Vamos a toda máquina. Estamos abiertos a cambios constructivos, pero el objetivo es apoyar más a Taiwán, no menos», agregó.
Por su parte, el legislador Menéndez, en un artículo de opinión publicado el miércoles pasado en el New York Times, declaró que la estrategia de EE.UU. debe estar orientada a «disuadir y limitar el comportamiento problemático de Pekín».
No obstante el panel de Relaciones Exteriores está retrasando el trabajo sobre la legislación hasta septiembre y puede ser reescrito.