Decretado embargo de bienes en Bulgaria de investigado por estafa Arbistar
23.05.2022 13:51
Decretado embargo de bienes en Bulgaria de investigado por estafa Arbistar
Madrid, 23 may (.).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el embargo de todos los bienes de Diego Felipe Fernández Nojarova, imputado en la investigación de la presunta estafa agravada con criptomonedas de la empresa Arbistar, a la que se atribuye también un presunto delito de organización criminal.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el magistrado decreta el embargo de todos los bienes de los que pueda ser titular Fernández Nojarova hasta cubrir el importe de 50.000.000 euros en los que se calcula la presunta estafa, entre ellos un chalet en Sofía (Bulgaria) y un vehículo marca Mercedes Jeep ML Bluetec T.
En abril de 2021, la Audiencia Nacional aceptó la inhibición de un juzgado de Tenerife sobre la investigación a Arbistar 2.0, empresa dirigida por Santiago Fuentes Jover que, según el juzgado canario, podría haber incurrido en presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil.
Posteriormente, en julio de ese año, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 decidió la apertura de una pieza separada por blanqueo de capitales, falsedad documental y demás delitos instrumentales.
Arbistar habría urdido presuntamente una trama defraudatoria prometiendo a los inversores rentabilidades de entre el 8 % y el 15 % mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados- y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.
El importe presuntamente defraudado ronda los 50 millones de euros, según señala el juez en su auto sobre los embargos, medida que «tiene por objeto garantizar la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la sentencia que en su día se dicte».
En cuanto al número de afectados, en la causa están personados 3.141, residentes tanto en España como en Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina, señala el juez, que en su auto explica que la actuación de los investigados consiste en «una operación fraudulenta de inversión que responde al esquema de estafa piramidal o tipo Ponzi.
Se finge una inversión rentable, pero lo que se hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores; mientras se obtienen nuevos clientes la pirámide crece, pero cuando dejan de existir el montaje se cae, añade el juez.
En este tipo de estafas de captación de fondos la insolvencia va creciendo exponencialmente en la misma proporción en que lo hacen los fondos que se van captando, y el engaño «se sustenta en el cumplimiento inicial de la prestación, y en el pago de unos sustanciales intereses o ganancias con cargo a los nuevos fondos captados».
La dinámica delictiva de este tipo de estafas, explica Calama, es la entrega de los primeros dividendos para dotar de credibilidad al negocio financiero siempre inexistente, así los investigados se limitan a captar capital prometiendo la realización de importantes inversiones que, sin embargo, no llevaban luego a cabo.
Para abonar los intereses acordados utilizan parte del capital captado a sucesivos inversores, devolviendo el principal del mismo modo, un modelo piramidal que «conduce necesariamente a la frustración del negocio prometido», pues en la medida que se incrementa el capital recibido, aumentan exponencialmente las necesidades de nuevos ingresos para abonar los intereses, añade el juez.
