Ecuador, a puertas de arbitraje internacional por controversia con petrolera

Quito, 8 dic (EFE).- Ecuador se encuentra a las puertas de un nuevo arbitraje internacional ante la reiterada negativa manifestada este jueves por el Gobierno de no negociar la extensión y el cambio de modalidad de los contratos de dos bloques petroleros con la actual empresa operadora.

La postura del Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso y la intención de la empresa de acudir a un arbitraje internacional fue anticipada el lunes en un comunicado de la firma canadiense New Stratus Energy (NSE), cuya filial Petrolia opera los bloques 16 y 67, con una producción de unos 15.000 barriles de al día.

La compañía, que en 2021 adquirió las acciones de la española Repsol (BME:) en los dos yacimientos, sostiene que tiene derecho a que se forme una comisión negociadora tras haber solicitado ampliar sus operaciones por 15 años más, ahora bajo un contrato de participación en lugar de uno de servicios como hasta ahora.

Los contratos culminan el 31 de diciembre, fecha en la que el Gobierno mantiene su intención de que los bloques retornen al Estado y pasen temporalmente a ser operados por la petrolera estatal Petroecuador, mientras son nuevamente licitados, según la intención anunciada por el mismo Ejecutivo.

Tras una reciente reunión con Lasso y con el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, la empresa se declaró «sorprendida por el repentino cambio de postura del presidente, que en varias reuniones previas había animado los planes de la compañía de solicitar la extensión de los contratos».

De acuerdo con la información de la empresa, que ha prometido una inversión de 200 millones de dólares en los siguientes dos años para aumentar la producción de crudo, «el presidente y el ministro indicaron claramente que esta decisión está motivada políticamente», lo que a su entender «desanima la inversión directa extranjera».

En un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas afirmó este lunes que los reclamos de la empresa no tienen fundamento y aseveró que «la extensión del plazo de un contrato petrolero es un acto de soberanía del Estado, que se da siempre que convenga a sus intereses, y es, por lo tanto, una facultad discrecional de la autoridad».

El Ejecutivo adujo que no está obligado a formar la comisión negociadora que solicita la empresa al considerar, entre otros motivos esgrimidos, que la compañía no ha acreditado experiencia y solvencia para operar los bloques, pese a que lo lleva haciendo durante el último año.

A criterio de la administración pública, la empresa no ha culminado el proceso que le acredita como titular del contrato de servicios, una afirmación que rechaza por completo la compañía, que como aval financiero y técnico manifiesta su alianza con Baker Hughes, una de las empresas referentes del sector.

Los bloques 16 y 67 se encuentran en la Amazonía de Ecuador, dentro del Parque Nacional Yasuní, la mayor área natural protegida del Ecuador continental y una de las joyas mundiales de la biodiversidad, y también en la Reserva Étnica Waorani, que tiene a ocho comunidades de esa nacionalidad indígena dentro de ambas áreas petroleras.

Source link