El 82 % de los procedimientos judiciales por ciberdelitos corresponden a estafas y fraudes

Madrid, 7 sep (.).- El 81,68 % de los procedimientos judiciales por ciberdelitos -20.111 de un total de 24.622 – correspondió en 2022 a estafas y defraudaciones, si bien estos datos pueden estar sobredimensionados, dado que estos delitos afloran en mayor medida que otros, como los de índole sexual.

Así consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2022 divulgada este jueves, que revela que las estafas y fraudes informáticos representaban el 65,52 % en 2019 y el 75,50 % de 2020; en 2021, sumaban un 75,50 %.

El documento constata una situación de «preeminencia que se viene constatando año a año», que concuerda con los datos del Ministerio del Interior, que reflejan también cifras muy elevadas en referencia a las investigaciones policiales por actividades en línea de carácter defraudatorio.

En su comparación con el conjunto de delitos cometidos en el entorno virtual, los datos de Interior ofrecen índices del 89,56 % y 87,40 % respectivamente en los años 2020 y 2021, y del 89,68 % en 2022.

MÁS DENUNCIAS POR FRAUDES Y ESTAFAS EN LÍNEA

No obstante, el informe matiza las dimensiones de este fenómeno en relación con el conjunto de la ciberdelincuencia, ya que se trata de conductas que se denuncian con mayor frecuencia que otro tipo de delitos, por ejemplo los relativos al ámbito sexual, que «no afloran con tanta facilidad».

Asimismo, cuando las estafas o fraudes se realizan a través de una red y se causa un perjuicio a varias personas radicadas en distintos puntos de España, no es infrecuente que las denuncias presentadas por los distintos afectados den lugar a múltiples investigaciones policiales o judiciales que tienen por objeto aspectos parciales de una misma actividad criminal.

Ello puede llevar a computar individualmente acciones que se acumulan después en un solo procedimiento judicial; es decir, se registran personas afectadas más que delitos efectivamente cometidos, algo contra lo que la Fiscalía no cuenta con herramientas para obtener resultados más precisos.

Los ciberdelitos económicos, prosigue el documento, constituyen un «repertorio inacabable», entre los que destacan la manipulación de datos o sistemas informáticos para provocar un desplazamiento patrimonial no autorizad o la utilización fraudulenta de medios de pago distintos del efectivo.

Por todo ello, la Fiscalía «relativiza, en alguna medida, los porcentajes obtenidos», sin dejar de reconocer «el tremendo impacto social de los fraudes online por la elevada cuantía de los perjuicios que generan anualmente en el ámbito nacional e internacional».

OPERACIÓN ZAPATILLA

Entre las operaciones más señaladas en 2022 la Memoria destaca la «Operación Zapatilla», relativa a la actuación de tres delincuentes que durante varios meses engañaron a otras personas ofertándoles en línea entradas para conciertos musicales o espectáculos públicos que previamente habían simulado y cuyo importe debía ser remitido a cuentas corrientes específicamente abiertas para ello.

El número de víctimas -que sufrieron perjuicios de cuantías muy pequeñas- y su ubicación en distintos lugares de España hizo necesaria la intervención de la red de fiscales especialistas en labores de coordinación y determinación de los órganos judiciales territorialmente competentes.

La Fiscalía ha constatado el aumento de plataformas de inversión en criptomonedas que simulan elevadas rentabilidades, que encuentran en ciudadanos que «buscan cobijo para sus ahorros», frente a los exiguos rendimientos de los depósitos bancarios, una gran aceptación.

Las dificultades que ofrece la trazabilidad de los criptovalores en la «blockchain» y la identificación de quienes operan en ella «añade una especial complejidad técnica a este tipo de investigaciones cada vez más numerosas», pese a los recientes avances legislativos nacionales e internacionales en esta materia y la cooperación de organismos como Europol.

Otra modalidad frecuente son los ataques Business Email Compromise (BEC), dirigidos generalmente contra empresas de gran tamaño, mediante los cuales los delincuentes acceden de forma ilegal a sus sistemas, suplantan la identidad de los gestores o de alguno de sus clientes y proveedores y ordenan en su nombre operaciones económicas en línea.

También proliferan las estafas del «soporte técnico», que infectan el dispositivo de la víctima con objeto de obtener contraseñas o datos bancarios, así como el duplicado de tarjetas SIM, que vulneran los mecanismos de seguridad de la banca en línea y autorizan directamente las operaciones fraudulentas que ellos mismos ordenan en perjuicio de la víctima.

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