El Congreso vota el jueves la creación de la autoridad de defensa financiera

Madrid, 6 mar (.).- El Congreso de los Diputados votará el próximo jueves el proyecto de ley por el que se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, lo que supondrá una ventanilla única para que los usuarios puedan presentar de forma gratuita sus quejas y reclamaciones financieras.

Ese mismo día, a las 16 horas, está previsto que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se reúna con las entidades financieras y asociaciones de usuarios para analizar la aplicación del Código de Buenas Prácticas bancarias aprobado en noviembre para aliviar la carga hipotecaria de las familias vulnerables por el alza del euríbor y la posibilidad de adoptar nuevas medidas si lo creen necesario.

Respecto a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, a finales de noviembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley, tras recibir el informe del Consejo de Estado, con la idea de que tras el trámite parlamentario se pudiera poner en funcionamiento en la primera parte de este año.

Calviño ha expresado su deseo de contar con esta autoridad «cuanto antes» para resolver las miles de reclamaciones de usuarios por los servicios financieros.

Sin embargo, la iniciativa ha generado numerosas críticas durante su tramitación parlamentaria, no sólo de grupos parlamentarios, sino también de los supervisores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que no entienden la necesidad de crear una nueva autoridad para este asunto.

Incluso organizaciones de consumidores financieras como Asufin o Adicae han señalado varios puntos a mejorar.

LA TASA DE 250 EUROS

Uno de los aspectos que ha generado más debate es el cobro a las entidades de una tasa de 250 euros por cada reclamación admitida a trámite, lo que, a ojos del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, podría contribuir a que las entidades den la razón al cliente, aunque no la tenga, si la cantidad reclamada es menor.

En su opinión, con ese diseño se corre el riesgo de que aumenten los conflictos entre clientes y empresas, por lo que planteó requerir el cobro de la tasa de 250 euros en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad y no meramente las tramitadas.

Desde VOX propusieron establecer una tasa «disuasoria» y que sea el cliente el que la pague y, si luego tiene razón, recupere el dinero, como una fórmula para no colapsar la nueva autoridad.

Otra de las preocupaciones comunes de los grupos parlamentarios ha sido el coste que tendrá esta nueva autoridad y el número de empleados que requerirá, sobre lo que el Gobierno no se ha pronunciado.

El gobernador del Banco de España dejó claro en su paso por el Congreso que, frente a crear una nueva autoridad de defensa del cliente financiero, el Banco de España prefiere el esquema «twin peaks», que reparte en dos agencias la supervisión de solvencia y la de conducta, y no el modelo «híbrido» elegido por el Gobierno.

Ante esta realidad, abogó por una adecuada coordinación y transmisión de información entre la nueva autoridad y los tres supervisores sectoriales: el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.

En la misma línea, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, advirtió de la importancia de que se defina claramente las competencias para evitar que se solapen con las de los distintos supervisores.

RECLAMACIONES INFERIORES A 20.000 EUROS, VINCULANTES

Lo que sí han elogiado todos, tanto supervisores como grupos parlamentarios y consumidores, es que el proyecto de ley para crear la autoridad de defensa del cliente financiero considere vinculantes las resoluciones en las que se reclamen menos de 20.000 euros.

Y para las que sean de mayor importe, en las que el cliente puede acudir a los tribunales, Hernández de Cos planteó una vía alternativa a la judicial como, por ejemplo, un sistema de autoadhesión por parte de las entidades, que aceptarían de antemano la obligación de cumplir con las resoluciones de la nueva autoridad.

El máximo responsable del Banco de España advirtió también de que pueden surgir dificultades prácticas para los jueces y magistrados, ya que las reclamaciones por encima de 20.000 euros, de ser recurridas, serán tratadas por la jurisdicción civil y no por la contencioso-administrativa.

Es decir, dos jurisdicciones distintas estarían resolviendo sobre las mismas materias y ello podría posibilitar la existencia de criterios distintos entre jurisdicciones civil y contencioso-administrativo.

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