El Consejo de Ministros aprueba mañana el reglamento contra el acoso LGTBI en las empresas Por EFE
07.10.2024 13:58
Madrid, 7 oct (.).- El Consejo de Ministros aprobará mañana un real decreto que desarrolla el reglamento contra el acoso en el trabajo del colectivo LGTBI y que obligará a las empresas de más de 50 empleados a contar con medidas para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación.
Según avanza el diario El País y confirman a EFE fuentes del Ministerio de Trabajo, el Gobierno aprueba el real decreto fruto del acuerdo alcanzado con los agentes sociales el pasado junio y que se enmarca en la «Ley Trans», aprobada hace un año.
El borrador de real decreto, que Trabajo planteó a patronal y sindicatos y al que tuvo acceso EFE, recoge una serie de medidas planificadas para lograr la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas, así como un protocolo ante situaciones de acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género.
Las empresas de más de 50 trabajadores deberán comenzar a negociar estas medidas planificadas para evitar la discriminación del colectivo LGTBI en el plazo de tres meses (seis meses si no cuentan con un convenio colectivo) desde el día siguiente a la publicación de la norma y será de aplicación a toda su plantilla, incluyendo a los empleados puestos a disposición y fijos discontinuos.
Las empresas de 50 trabajadores o menos podrán negociar estas medidas de manera voluntaria.
Una vez entre en vigor la norma, los convenios o acuerdos colectivos deberán recoger cláusulas que contribuyan a crear un contexto favorable a la diversidad que deberán hacer una referencia expresa no sólo a la orientación sexual e identidad de género, sino también a la expresión de género y a la diversidad familiar.
Las empresas también deberán integrar en sus planes de formación módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI y en sus convenios colectivos medidas que atiendan a la realidad de las familias diversas, cónyuges y parejas de hecho LGTBI.
Asimismo, los convenios deberán incluir como sanciones «muy graves» los ataques a la libertad sexual de los trabajadores, según el texto, que dota también a la Inspección de Trabajo a vigilar el cumplimiento y a sancionar en caso contrario.
