El Gobierno aprueba mañana la nueva PVPC para reducir volatilidad, prometida a Europa

Madrid, 12 jun (.).- El Gobierno, en su reunión del Consejo de Ministros de este martes, aprobará la nueva metodología de cálculo de la tarifa regulada de la electricidad o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), con el objetivo de que pueda aplicarse a partir de 2024.

La reforma, que busca reducir la exposición a la volatilidad del mercado diario a los consumidores con esa tarifa, es uno de los compromisos que España adquirió con la Comisión Europea para que saliera adelante el tope al gas destinado a la generación eléctrica, y tendría que haber entrado en vigor a comienzos de año.

Desde su creación en 2014, este precio regulado, al que pueden acogerse los pequeños consumidores con una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (kW) en cada uno de los periodos horarios existentes, se ha configurado como una de las ofertas más competitivas del mercado.

Pero ello se ha logrado «a costa de una elevada exposición al mercado diario, socavando los incentivos a aprovisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazo», según el proyecto de real decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica envió, con carácter de urgencia, al Consejo de Estado hace dos meses.

Esto, añadía el texto, «se ha revelado como una debilidad en el contexto de la escalada alcista provocada por el efecto contagio del gas natural sobre los precios de la electricidad».

«Esta tarifa ha sido la más conveniente desde que se implantó, pero con las turbulencias nos dimos cuenta de que era enormemente insegura si se volvía a producir un episodio como el de 2022», ha dicho este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Antes de participar en una jornada organizada por Hill+Knowlton Strategies, Ribera ha explicado que la reforma introduce «factores de corrección haciendo que refleje en una muy buena parte el precio del mercado diario, pero también los precios de los mercados a futuro, a tres meses, a un año».

De acuerdo con la ministra, que ha cifrado en unos «ocho millones» el número de españoles con PVPC, el texto que se aprobará mañana incluye las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y «refleja puntualmente» el contenido enviado al Consejo de Estado.

El documento remitido entonces proponía una señal de precios configurada como una cesta a plazo con referencia al mercado gestionado por el operador OMIP, en el que el producto mensual suponga un 10 % del total; el trimestral, un 36 %, y el anual, un 54 %.

A su vez, defendía un marco transitorio por el cual el peso de la señal a plazo se incrementase de forma gradual entre 2023 y 2025, de modo que para el primer año representara un 25 % y fuera subiendo hasta alcanzar un 55 % en 2025, dejando el porcentaje restante (45 %) a la señal diaria e intradiaria.

Por otro lado, el proyecto de real decreto introducía un nuevo componente en la estructura del PVPC para recoger el valor unitario del coste del bono social que deben soportar las comercializadoras de referencia.

La facturación del precio voluntario para el pequeño consumidor pasaría a estar compuesto por la suma de los términos de facturación de potencia, de energía activa, de financiación del bono social y, en su caso, de energía reactiva.

LIMITACIÓN A PERSONAS FÍSICAS Y MICROEMPRESAS

El escrito recogía, asimismo, la directiva del mercado interior de electricidad, que hace necesario reformular el ámbito de aplicación del PVPC y circunscribirlo sólo a consumidores domésticos y microempresas.

Esto contrasta con la redacción original de la norma, que no preveía ninguna restricción sobre el tamaño de la empresa que podía acogerse al precio regulado, sino que establecía como única limitación el límite de potencia de 10 kW, el cual seguiría manteniéndose.

Sobre la entrada en vigor de la reforma, Ribera ha confirmado que habrá plazo para que todos los actores del sistema eléctrico vayan incorporando las novedades, por lo que «no será plenamente efectiva hasta principios de 2024».

La tarifa regulada o PVPC es necesaria para poder tener el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la electricidad para los consumidores calificados de vulnerables.

Con los altos precios que se alcanzaron en el mercado mayorista, el Gobierno amplió esos descuentos para paliar el fuerte incremento que sufrieron en las facturas por los elevadísimos precios que se alcanzaron ya en el verano de 2021 y que luego se vieron incrementados en 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania.

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