El Gobierno cubano critica a los negocios privados que se «resisten» al pago electrónico

La Habana, 23 ago (.).- El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, criticó la «resistencia» de algunos negocios del incipiente sector privado del país a usar el pago electrónico que promueve el Gobierno, dentro de un paquete de medidas para fomentar la bancarización.

«Aun cuando la persona tenga efectivo, ella debe elegir la forma de pago y, por tanto, nadie se puede negar a que un cliente le pague electrónicamente», dijo Marrero en una reunión donde se abordaron varios temas, según recogió este miércoles el diario oficial Granma.

El Banco Central de Cuba (BCC) puso en marcha la bancarización «gradual» de las transacciones a principios de agosto, aludiendo a los beneficios del pago electrónico y con vistas a minimizar el uso del efectivo.

También limitó a 5.000 pesos cubanos (cup) -unos 42 dólares al cambio oficial- la cantidad de dinero que la empresas pueden extraer en cada operación.

El ministro-presidente del BCC, Joaquín Alonso, afirmó en esa reunión que «han detectado nuevas formas de gestión (económica) que, teniendo habilitado canales electrónicos de pago, exigen a la población hacerlo en efectivo». Ello, añadió, es una «resistencia a la medida».

El programa de bancarización se anunció después de semanas con escasez de efectivo en los cajeros automáticos y retrasos en los pagos de algunos salarios estatales.

Varios economistas consultados por EFE coincidieron en que la bancarización puede provocar «un recorte de las importaciones del sector privado», que precisa «efectivo para comprar los insumos en el exterior». Cuba importa el 80 % de lo que consume, según datos de Naciones Unidas.

Los expertos previeron también una interrupción en sus operaciones porque mueven cientos de miles de pesos que no podrán realizarse a través de transferencias electrónicas.

Las pequeñas y medianas empresas privadas, que comenzaron a surgir hace dos años tras décadas de prohibición, son objeto de controversia en Cuba. Actualmente son unas 8.000 en todo el país.

Algunos aplauden que hayan contribuido a aliviar en parte la fuerte escasez de productos básicos que sufre el país desde hace más de dos años.

Entre las principales críticas están los sectores oficialistas que les responsabilizan de azuzar la fuerte inflación que aqueja a la economía, así como las voces disidentes que aseguran que estos nuevos actores están controlados por la elite política y militar del país comunista.

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