El juez pide a PwC las pólizas de responsabilidad civil de 2016 en el caso Popular Por EFE
06.09.2024 20:23
Madrid, 6 sep (.).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a PwC que aporte las pólizas de seguro que tuviera contratadas para asegurar la posible responsabilidad civil en la causa por la ampliación de capital del Banco Popular (BME:) de 2016.
En un auto fechado el pasado 4 de septiembre al que ha tenido acceso Efe, el magistrado da 5 días a la consultora para que aporte «las pólizas de seguro que pudieran haber contratado para asegurar la responsabilidad civil derivada del ejercicio de su actividad profesional durante el ejercicio 2016».
De este modo, el juez estima en parte las pretensiones de Algebris, Aeris y otros inversores del Popular.
El titular del juzgado central de instrucción nº 4 acordó el pasado 4 de marzo procesar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
En dicho auto, Calama constató que los déficits de provisiones ocultos en las cuentas de 2015 y primer trimestre de 2016 se mantuvieron en los estados financieros semestrales de 2016, auditados por PwC, y en los del tercer trimestre de ese año.
Asimismo, que, en las cuentas anuales del año 2016 se corrigió parte de ese déficit, pero se puso de manifiesto por parte de la inspección sobre activos adjudicados un déficit de 1.418 a 1.620 millones de euros.
El 3 de marzo de 2017, pocos meses antes de su resolución, el Popular publicó un hecho relevante reexpresando las cuentas de 2016, por lo que, a juicio del magistrado, «concurren justa causa e interés legítimo en esta petición».
Sin embargo, considera «innecesario» añadir las pólizas de responsabilidad civil que PwC pudiera tener concertadas en relación con el año 2014.
Los hechos delictivos objeto de imputación formal en el auto de marzo se circunscriben a los años 2015 y 2016, indica Calama, que añade que aunque la trama Thesan -empresa radicada en Luxemburgo a través de la cual el Popular habría ocultado agujeros contables- se haya desarrollado entre los años 2011 a 2017, ello «no justifica la petición en cuestión.
Los hechos que motivaron el procesamiento de la antigua cúpula del banco no se produjeron en 2014, por lo que «se desborda claramente el periodo al que se circunscriben los hechos delictivos».
