El Parlamento luso aprueba tasa a beneficios extraordinarios de energéticas
23.12.2022 17:23
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© Reuters. El Parlamento luso aprueba tasa a beneficios extraordinarios de energéticas
Lisboa, 23 dic (.).- El Parlamento de Portugal ha aprobado la tasa temporal que aplicará en 2022 y 2023 a los beneficios extraordinarios de las empresas de energía y del sector de la distribución.
El documento fue aprobado en votación final con el apoyo del Partido Socialista, que gobierna con mayoría absoluta, el Bloque de Izquierda, el animalista PAN y Livre, según medios locales.
El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el Partido Comunista Portugués (PCP) se han abstenido y han votado en contra el ultraderechista Chega e Iniciativa Liberal.
El Gobierno aprobó en noviembre una propuesta de ley para tasar con un 33 % los beneficios extraordinarios de las empresas de estos dos sectores que registren ganancias al menos un 20 % por encima de la media de los cuatro años anteriores, y ha recibido el visto bueno de los diputados esta semana.
Quedan exentas las pequeñas y medianas empresas cuando no estén integradas en un grupo que facture más de 100 millones de euros.
GALP ESTIMA IMPACTO DE 100 MILLONES EN 2022
Pese a que el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, Nuno Félix, defendió ante el Parlamento que esperan recaudar entre 50 y 100 millones de euros con esta tasa, la petrolera lusa Galp (ELI:) ya ha avanzado que estima en 100 millones de euros el impacto que tendrá solo en sus resultados de 2022.
«De forma preliminar, este nuevo impuesto podría impactar potencialmente a Galp hasta en 100 millones de euros en relación con el ejercicio fiscal 2022», informó la compañía en un comunicado remitido este viernes a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.
Asimismo, aclaró que la tasa puede ser aplicable a sus actividades comerciales de refino en Portugal tanto en 2022 como 2023.
La Asociación Portuguesa de Empresas de Distribución (APED) afirmó a finales de noviembre que se prepara para recurrir la norma en los tribunales, ya que puede haber «cuestiones de constitucionalidad y fiscalidad».
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