El Supremo pregunta al TJUE sobre ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis
26.05.2022 20:20
El Supremo pregunta al TJUE sobre ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis
Madrid, 26 may (.).- El Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre si la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis fijada por el Gobierno en 2018 es compatible con la libertad de establecimiento y con la prohibición de ayudas de Estado.
En un auto fechado el pasado 20 de mayo al que ha tenido acceso Efe, el Supremo se dirige al TJUE a instancias de la empresa Maxi Mobility, que había pedido a la Comunidad de Madrid 1.000 autorizaciones de arrendamientos de vehículos de transporte con conductor (VTC).
La empresa sostiene que con esa limitación se ha vulnerado la libertad de establecimiento y la prohibición de ayudas de Estado.
Además ve incorrecta la regulación del arrendamiento de VTC, que es un transporte discrecional, al encuadrarlo con el arrendamiento de vehículos sin conductor, que es una actividad auxiliar al transporte.
El real-decreto ley aprobado por el Gobierno en abril de 2018, conocido como el decreto Ábalos (por el exministro de Fomento), recogía la posibilidad de que las comunidades autónomas denegaran la concesión de nuevas licencias cuando la proporción fuera superior a un VTC por cada treinta taxis.
En contra de las pretensiones de Maxi Mobility se han manifestado la Comunidad de Madrid, la Asociación Nacional del Taxi y la asociación Taxi Project 2.0.
El Tribunal Supremo ya avaló en junio de 2018 la proporción de 30 licencias de taxi por cada una de vehículos de alquiler con conductor (VTC), vigente desde 2015, en los casos en los que este límite sea necesario y proporcional «como forma de garantizar el equilibrio» entre estas modalidades de transporte.
Pero entonces el fallo del Supremo versó sobre la compatibilidad de las restricciones impugnadas con la normativa nacional, en concreto con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM).
En esta ocasión lo que plantea el Alto tribunal español al TJUE es si la norma choca con la libertad de establecimiento y con la prohibición de ayudas de Estado.
