El Tribunal de Cuentas pide a Bruselas evaluar el impacto real del fondo SURE

Bruselas, 14 dic (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) recomendó este miércoles a la Comisión Europea llevar a cabo una evaluación del impacto efectivo que ha tenido para la protección del empleo el fondo SURE, creado a raíz de la pandemia puesto que actualmente no hay datos adecuados para medirlo.

El Ejecutivo comunitario debería además analizar si los mecanismos para evitar el fraude con estos fondos fueron eficaces, ya que 18 de los 19 países que recibieron préstamos del SURE detectaron presuntos casos de fraude e irregularidades que, en trece de ellos, llevaron a la recuperación de ayudas recibidas de forma indebida.

En un informe especial publicado este miércoles sobre el SURE, los auditores consideran que este fondo permitió actuar para evitar despidos masivos en un contexto de emergencia de forma eficaz y rápida, ya que el dinero se desembolsó solo siete meses después de declararse la pandemia, un plazo menor de lo habitual.

Sin embargo, puntualizan que «todavía se desconoce su repercusión sobre el terreno», ya que «a pesar de algunos indicios de buenos resultados, sigue sin disponerse de datos suficientemente sólidos para evaluar cuántos puestos de trabajo se conservaron realmente», según dijo la miembro del Tribunal responsable del informe, Iliana Ivanova.

De acuerdo con la Comisión Europea, 31,5 millones de personas en 2020 y nueve millones en 2021 se beneficiaron de los regímenes de mantenimiento del empleo que financió el SURE, un fondo dotado con hasta 100.000 millones de euros que se nutre con la emisión de deuda garantizada por los Estados miembros.

Esta ayuda se canaliza en forma de préstamos a los países – España ha recibido 21.300 millones- para financiar medidas de apoyo al empleo y ya se ha desembolsado casi su totalidad.

Este concepción del instrumento, precisamente, impide identificar por separado el impacto del SURE del de las propias medidas nacionales, a lo que se suma la falta de datos exhaustivos de los Estados miembros, apuntan los auditores.

El diseño del fondo a través de préstamos supone, por otra parte, que la Comisión tiene menos responsabilidades para vigilar el fraude y las irregularidades, algo que queda en manos de los Estados, que debían incluir mecanismos para ello.

De los 19 países que recibieron fondos, 18 detectaron irregularidades o fraude, según un informe del Ejecutivo comunitario en el que no nombra a los Estados en cuestión, pero señala que estas prácticas consistieron en el despido de trabajadores durante el periodo en que recibieron subvenciones, el impago del porcentaje de salario que corresponde al empleador o la solicitud de apoyo para empleados que no existían o que habían sido recién contratados en lugar de para los ya existentes, entre otras.

Aunque el hecho de que los propios países tengan que devolver los préstamos mantiene bajo control el riesgo financiero para el presupuesto de la UE, ésta «se enfrenta a un riesgo para la reputación si las medidas financiadas a partir de su presupuesto son percibidas como proclives al fraude», señalan los auditores.

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