Fedea alerta de que una Agencia Tributaria catalana sería un paso atrás inconstitucional Por EFE
07.01.2025 11:51
Madrid, 7 ene (.).- La fragmentación de la Agencia Tributaria, para ceder a Cataluña la gestión de los tributos estatales, supondría un paso atrás en la dirección que marca la Unión Europea y no encajaría con lo que establece la Constitución, señala un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
El informe, firmado por el fiscalista Alberto García Valera, se centra en los costes de ceder a Cataluña la gestión de los tributos estatales, tal y como prevé el acuerdo de financiación singular para Cataluña suscrito entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.
Valera señala que la cesión no encuentra acomodo en la Constitución, que sólo atribuye a la Hacienda estatal esta función, pero además considera que supondría un paso atrás.
Para conseguir una mayor eficacia, señala, se debería lograr una mayor integración y coordinación de todas las Administraciones Tributarias, tal y como recomiendan la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
“El camino contrario -fraccionar la gestión tributaria- supondría graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal, como también defiende la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado”, añade el informe.
El primer objetivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es el de informar y asistir a los contribuyentes. El segundo gran objetivo es el control tributario y la lucha contra el fraude.
Para lograr estos fines resulta esencial “disponer de información temprana, completa y veraz», una información que, con la fragmentación, llegará más tarde, y más incompleta, a la AEAT.
«Con una AEAT fraccionada no podrá disponerse, o desde luego no en el mismo tiempo y coste, de herramientas para detectar las formas más complejas y dañinas de fraude”.
Ceder la gestión de los impuestos a Cataluña “dificultaría una correcta atención al contribuyente, amén de incrementar sus cargas indirectas, al obligar a ciudadanos y empresas a relacionarse con otra administración más que, previsiblemente, tendrá normas y procesos diferentes”.
“Y, por encima de todo, la seguridad jurídica -tan reclamada por los inversores nacionales e internacionales- se podría ver seriamente afectada por la aparición en escena de un nuevo actor con sus propios criterios interpretativos», algo que puede ahuyentar a esos inversores, añade.
«Deberíamos tener altura de miras y preguntarnos qué ganarían ciudadanos o empresas con esta fragmentación. Y la respuesta es que nada”, concluye Valera.
