González Casares (PSOE) exige que la negociación eléctrica no adultere el mercado interno

Javier Albisu

Bruselas, 28 oct (.).- El negociador del Parlamento Europeo para la reforma del mercado eléctrico, el español Nicolás González Casares (PSOE), no cuestionará el delicado equilibrio entre los Estados miembros sobre los contratos por diferencia (CfD) aplicados a las plantas nucleares, pero peleará cómo se redistribuyan los ingresos para que no generen desigualdades competitivas.

«Puede adulterar el mercado interno de la energía, de la electricidad, de tal manera que se consigan ventajas competitivas dando este tipo de ayudas de Estado», avisa en una entrevista con EFE el europarlamentario gallego, que tendrá que negociar el texto definitivo del ajuste del mercado de la electricidad con el Consejo de la UE, ahora bajo presidencia española.

La reforma, concebida al calor de la crisis de precios de la energía de 2021 y 2022, aspira a facilitar el despliegue masivo de renovables con precios baratos y estables a largo plazo para acercar a la UE a sus objetivos climáticos y alejarla de los hidrocarburos de Rusia.

El objetivo es cerrar un «acuerdo político» entre Parlamento, Consejo y Comisión Europea antes de que acabe el año para poder oficializar el texto a inicios de 2024, un horizonte asumible una vez superado el enfrentamiento entre Francia y Alemania por los CfD aplicados a las plantas nucleares en funcionamiento.

Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelva la diferencia automáticamente en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.

Francia quería aplicar ese esquema a las plantas nucleares en uso, y prácticamente amortizadas, pero Alemania temía que esto pudiera funcionar como una ayuda de Estado encubierta a la industria gala, que podría obtener electricidad más barata.

«Esto no es un problema de nuclear sí o nuclear no, o de tecnologías. Este es un problema de subsidios y ayudas de Estado. Entonces, si de manera retroactiva damos dinero, se dan subsidios, se dan ayudas de Estado a algo que ya está funcionando, a electricidad que ya existe, realmente no la estamos poniendo en nueva electricidad descarbonizada», dice González Casares.

Finalmente, los ministros de Energía de los Estados miembros pactaron la semana pasada en Luxemburgo un enfoque común, de forma que los CfD se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías.

Sin embargo, los CfD no se aplicarán de forma automática a las plantas existentes, sino que -como hasta ahora- tendrán que obtener el visto bueno de la Comisión Europea, que los analizará en virtud del régimen de ayudas de Estado, pero con criterios simplificados.

Nada más alcanzarse el pacto, la ministra francesa de Energía, Agnès Pannier-Runacher, avisó a sus homólogos de que se había encontrado un «equilibrio que habrá que preservar estrictamente» en la negociación con el Parlamento.

«No es la mejor manera de empezar a negociar (…). Dicho esto, yo entiendo que la ministra francesa lo dice por una posición negociadora. Es una posición que se puede tocar, evidentemente. No es la posición del Parlamento, aunque tampoco está alejadísima», desliza González Casares.

El eurodiputado matiza que se ha generado confusión al dar a entender que no se permitiría ampliar las centrales nucleares existentes, extremo que «no es cierto» ya que sólo se busca que las viejas centrales atómicas no se beneficien de unos ingresos extraordinarios que, al estar ya amortizadas, supondría un subsidio.

Sí se permitirá usar ese dinero para ampliar capacidad o extender la vida útil de las plantas «en la parte proporcional».

«Nosotros -en el Parlamento Europeo- creemos que lo más importante es que esos beneficios se puedan revertir otra vez en los ciudadanos y empresas y ayudar a abaratar las facturas», resume.

Vulnerables y emergencias

El eurodiputado socialdemócrata, cuyo mandato ha sido respaldado por el pleno de la Eurocámara y estará «vigilado» en la negociación por los negociadores secundarios de otros partidos, subraya, en todo caso, que su prioridad es la protección a los consumidores vulnerables y la activación de medidas de emergencia si se repite una crisis de precios.

«Tenemos que hacer una reforma que proteja más a la ciudadanía ante posibles subidas de precios y una manera de protegerlas es que, cuando vienen mal dadas, pues que nadie se quede sin energía eléctrica en su casa», dice González Casares, quien subraya que ese concepto «no admite negociación».

Una fórmula pasa por trasladar esa obligación a los Estados miembros y que las capitales decidan «quién asume la carga», explica González Casares, quien vincula esa protección al consumidor a otro ámbito de la negociación que también cree que será un «punto caliente»: la declaración de emergencia energética para activar medidas como un tope de precio al megavatio-hora eléctrico.

La Comisión Europea proponía que se declarase esa emergencia cuando se compruebe que eso puede afectar negativamente a la economía pero «es una trampa, porque hasta que se ve en el PIB o en el desempleo pasan al menos meses», avisa.

«Deberíamos hacer un mínimo y que la declaración de crisis de precios sea automática» de forma que «se dispare el gatillo con hechos sean objetivos», concluye González Casares.

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