Grupo de ONG de Ecuador exige a candidatos tomar postura en temas como programa con el FMI Por EFE
19.01.2025 00:35
Quito, 18 ene (.).- Un grupo de organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos exigieron a los candidatos presidenciales inscritos para las elecciones generales y a sus fuerzas políticas pronunciarse y definir una postura ante el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la política comercial y el arbitraje del denominado caso Chevron (NYSE:).
La carta está suscrita por organizaciones como la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la Red Eclesial Panamazónica, Acción Ecológica, Amazon (NASDAQ:) Frontlines, el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y la Asociación de Campesinos de Atacames, entre otros colectivos.
Estos grupos de la sociedad civil instan a los candidatos a pronunciarse sobre la postura que, en caso de llegar al Gobierno, tomarán respecto al programa crediticio de 4.000 millones de dólares (cerca de 3.900 millones de euros) suscrito por el actual Gobierno del presidente Daniel Noboa con el FMI, cuyo objetivo es equilibrar las cuentas públicas y hacer frente al déficit fiscal.
El programa ha implicado una serie de recortes presupuestarios y medidas impopulares para elevar la recaudación estatal que incluyen el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % y la reducción de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo.
«Como consecuencia, se ha sacrificado la inversión pública y la inversión social afectando la satisfacción de los derechos de la población, sin que se recuperen significativamente los indicadores de crecimiento económico, y sin que se haya mejorado la perspectiva de la sostenibilidad de la deuda ecuatoriana», señalaron en su carta las organizaciones.
En ese sentido, el Gobierno nacional destacó esta semana que, durante su gestión, se redujo en cerca de mil puntos de la , también llamada ‘riesgo país’, un indicador que facilita al país el acceso a financiación internacional cuanto menor sea su valor.
Este grupo de organizaciones también requirió a los candidatos pronunciarse sobre la política comercial que pondrán en práctica de llegar al poder, después de que los últimos gobiernos hayan apostado por la apertura comercial del país con la negociación y suscripción de acuerdo de libre comercio con países como China y Corea del Sur, entre otros.
A criterio de estos colectivos, «las negociaciones de estos instrumentos han transcurrido en un marco de falta de transparencia y nula participación de la sociedad civil», y en el caso de las conversaciones con Canadá temen que desemboquen en una masiva llegada de minería a gran escala sobre la que están en contra.
En ese sentido, también exigieron conocer las posturas de los candidatos en torno al cumplimiento de diferentes consultas populares realizadas en los últimos años, como las que en 2023 determinaron el desmantelamiento del Bloque 43-ITT, explotación petrolera situada dentro del Parque Nacional Yasuní, y la prohibición de hacer minería en el Chocó Andino, un espacio natural de alto valor con bosques andinos en el noroccidente de Quito.
Asimismo, reclamaron a los aspirantes presidenciales que hagan públicas sus posturas sobre el acatamiento ante el arbitraje del caso Chevron, perdido por el Estado ecuatoriano al haber condenado a la empresa a una gigantesca indemnización por un desastre ambiental, en una sentencia con visos de corrupción y por vulneración de derechos difusos que no le correspondían.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 9 de febrero para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellas a los ocupantes de Presidencia y Vicepresidenta, a los 151 asambleístas que integrarán el Parlamento y a cinco representantes del Parlamento Andino.
De acuerdo a las últimas encuestas, Noboa y la candidata del correísmo Luisa González son los principales favoritos para pasar a una eventual segunda vuelta, que se celebrará el domingo 13 de abril en caso de que ninguno logre el 50 % de los votos o el 40 % y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el resto.
