Guatemala detecta casi 2.900 transacciones sospechosas de lavado de dinero en 2023
14.06.2023 04:30
Guatemala detecta casi 2.900 transacciones sospechosas de lavado de dinero en 2023
Ciudad de Guatemala, 13 jun (.).- Las autoridades guatemaltecas han detectado durante lo que va de este año casi 2.900 transacciones sospechosas de lavado de dinero u otros activos, según estadísticas oficiales.
La Superintendencia de Bancos (SIB) explicó este martes que, entre el 1 de enero y el 9 de junio del presente año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) registró 2.893 Reportes de Transacciones Sospechosas (), por las que presentaron 123 denuncias penales.
El monto de las transacciones sospechosas asciende a 3.595,7 millones de quetzales (unos 459,2 millones de dólares), en las que estarían involucradas 1.214 personas, detalló la institución pública.
El dinero referido procede presuntamente del lavado de activos y de otros delitos como extorsiones, narcotráfico, trata de personas o de corrupción, de acuerdo con las primeras investigaciones.
Según la SIB, los Reportes de Transacciones Sospechosas son el resultado de los informes que presenta el sistema bancario, además de instituciones financieras, aseguradoras o casas de empeño, entre otras.
Los registros de la IVE de la Superintendencia de Bancos señalan que el año pasado Guatemala cerró con 5.576 Reportes de Transacciones. con un monto total de 3.906,8 millones de quetzales (498,95 millones de dólares aproximadamente).
Las denuncias penales que se presentaron durante el 2023 fueron 252 en total contra 2.393 personas, precisa el informe oficial.
Mientras que en 2021, la IVE contabilizó 5.473 transacciones sospechosas de lavado de activos por un monto de 6.134 millones de quetzales (783,39 millones de dólares). De igual forma, presentó 233 denuncias en contra de 1.992 personas.
Según la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en Guatemala, los bancos del sistema, sociedades financieras, casas de cambio, entidades fuera de plaza, empresas dedicadas a transferencias, compañías de seguros, las cooperativas de ahorro y las personas jurídicas que reciban fondos del Estado o del extranjero, tienen que presentar informes sobre la procedencia de los recursos.
