Japón concede el primer tramo de un crédito de 92 millones de dólares a Túnez

Túnez, 9 jun (.).- Japón concedió este viernes el primer tramo de un crédito de cerca de 92 millones de dólares al Gobierno tunecino para reforzar la protección social mientras las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran en punto muerto ante el rechazo del presidente Kais Said a «dictados del exterior».

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), a través de su programa «Amén Social», desembolsó una cuota de 74 millones en ayudas a los hogares con bajos recursos y para promover la estabilidad social en el país, que se enfrenta a una deuda pública récord del 90 % del PIB.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitará este domingo la capital tunecina- por segunda vez esta semana- acompañada de su homólogo holandés, Mark Rutte, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el fin de abordar un paquete de financiación por importe de 900 millones de euros y la gestión migratoria.

Italia busca acelerar la entrega del préstamo del FMI de 1.900 millones de dólares y hacer de Túnez un aliado ante el repunte de la migración irregular que en el último año ha superado las 50.000 llegadas- un 155% más que durante el mismo periodo del año pasado-, de las que más de la mitad partieron desde el país norteafricano.

Las negociaciones con el FMI están suspendidas desde diciembre y el mandatario advierte de que el programa de reformas pactado- que incluye la retirada de subvenciones a productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de algunas empresas estatales y limitar la masa salarial en la Administración- podría provocar una «explosión» social en Túnez y en toda la región del Magreb.

Varias oenegés condenaron este martes la visita de Meloni, considerada «persona non grata», y pidieron a las autoridades que no acepten el papel de «guardián del Mediterráneo».

Además lamentaron que Túnez sea considerado un Estado «seguro» pese al giro autoritario de Said- que en julio de 2021 se hizo con plenos poderes para «preservar la paz social»- y la campaña de detenciones contra activistas y opositores en el último año.

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