La CE insta a los Veintisiete a adaptar sus marcos jurídicos para impulsar economía social

Estrasburgo (Francia), 13 jun (.).- La Comisión Europea (CE) instó este martes a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a adaptar sus marcos jurídicos y a desarrollar políticas específicas que creen condiciones favorables para la economía social y que apoyen a las entidades del sector en la creación de empleo, innovación e inclusión social.

En una recomendación no vinculante, la Comisión pide a los Veintisiete que diseñen e implementen estrategias tanto específicas como globales para impulsar la economía social, que prioriza a las personas, las causas sociales y medioambientales por encima del beneficio.

Así, insta a los países de la UE a que desarrollen una organización eficaz de sus estructuras administrativas e institucionales.

La Comisión busca promover la creación de empleo de calidad, impulsar la economía local y reforzar la cohesión social y territorial en los diferentes países de la UE.

«El objetivo es ayudar a las empresas y entidades sociales a crecer y encontrar un marco general mejor, más estable y favorable porque tenemos marcos muy diferentes en la UE», dijo el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en una rueda de prensa para presentar las recomendaciones.

Además, explicó que con esta iniciativa buscan ayudar a los grupos vulnerables (que incluyen personas con bajos niveles de educación o personas con discapacidad) y a los grupos marginales a acceder al mercado laboral.

Por ello, pide a los Estados miembros que mejoren el acceso a la financiación pública y privada -lo que incluye los fondos comunitarios- y que sus sistemas fiscales apoyan la economía social simplificando los procedimientos administrativos y considerando incentivos fiscales «adecuadamente» diseñados.

En este punto, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, remarcó en la rueda de prensa que la financiación pública seguirá ocupando un «rol central» en el apoyo a los proyectos de la economía social, pero que «hay mucho más» que el sector privado puede hacer para apoyar a los negocios que tienen un impacto social.

«Nuestro objetivo es asegurarnos que los mercados financieros y, en particular, los mercados de capital adoptan objetivos sostenibles y que, para ello, desarrollan instrumentos financieros específicos», explicó.

También aboga por diseñar políticas en el mercado laboral que apoyen a los empleados de las empresas sociales (por ejemplo, mediante formación) y garanticen unas condiciones de trabajo social y la negociación colectiva.

Con ello, busca que los Estados miembros promuevan la economía social en «todos los ámbitos políticos» para lograr un reconocimiento de las entidades que operan en el sector.

En la UE hay más de 2,8 millones de organizaciones que operan en el marco de la economía social y que dan trabajo a más de 13,6 millones de personas, según datos de la Comisión.

Esta incluye una diversidad de sectores que van desde los servicios sociales y asistenciales hasta la vivienda, el ocio y la energía asequible, e incluyen cooperativas, mutuas, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y empresas sociales.

Dombrovskis alertó de que el potencial de la economía social difiere entre los Estados miembros, pues en algunos supone casi el 10 % en la proporción de empleo remunerado y del PIB, mientras que en otros apenas llega al 0,6 %, lo que hace la media comunitaria sea del 6,3 %.

Esta recomendación de la Comisión tendrá que ser debatida por los Estados miembros en el Consejo y, en caso de adoptarse, invitará a los países del club a incluir o actualizar sus estrategias de economía social en un plazo de 18 meses.

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