La Corte Suprema de Colombia aprueba la extradición a EE.UU. del hermano de la senadora Piedad Córdoba por presunto delito de narcotráfico
18.08.2022 03:55
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia aprobó este miércoles la solicitud de extradición a EE.UU. de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba, por presunto delito de tráfico de drogas.
La acusación contra Córdoba fue presentada el pasado 24 de febrero por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que pidió al ciudadano colombiano comparecer a juicio por tres cargos, el de presunto narcotráfico y otros dos por supuesto tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir, detalla el fallo emitido por la Sala de Casación Penal de la CSJ.
Sin embargo, la solicitud de extradición que presentó la Embajada de EE.UU. en Colombia solo fue aprobada para la acusación de «concierto para importar narcóticos», mientras que los otros dos cargos fueron desestimados por la autoridad judicial colombiana.
@CorteSupremaJ da vía libre a extradición de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz a EE. UU. por narcotráfico. Emite concepto desfavorable por cargo de posesión de ametralladoras, conducta que habría sido cometida en Colombia y debe ser investigada en el país. Ver: https://t.co/w8uUFteKIJ
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 17, 2022
Según la decisión de la CSJ, los cargos imputados a Córdoba se fundamentan en «declaraciones juradas» de Benjamin W. Schrier, fiscal auxiliar de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y DE Mathew S. Passmore, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, según describe el fallo, la defensa de Córdoba expresó durante el análisis del caso realizado por la CS, que se debía negar la solicitud de extradición debido a que el Gobierno de EE.UU. «no acreditó fáctica y probatoriamente» la participación de Córdoba en los hechos delictivos que le atribuyen.
De esta forma, la posible extradición de Córdoba, quien fue detenido el pasado mes de febrero en Medellín, queda en manos del Ejecutivo colombiano, que ahora debe decidir si conceder o no la solicitud formualada por la justicia estadounidense.