La Fiscalía del Supremo descarta mala fe en las hipotecas con IRPH
06.06.2022 16:40
La Fiscalía del Supremo descarta mala fe en las hipotecas con IRPH
Madrid, 6 jun (.).- La Fiscalía del Tribunal Supremo considera en un escrito que la falta de información esencial sufrida por los consumidores cuando el banco les impuso como referencia hipotecaria el IRPH «no es mala fe y se adapta a la metodología usual para resolver un recurso de casación».
El Ministerio Público ha elaborado un informe sobre la querella presentada por el despacho de abogados Arriaga Asociados contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo por prevaricación y coacciones, al no aplicar la jurisprudencia europea sobre el IRPH en las tres sentencias dictadas por el alto tribunal español el pasado 27 de enero.
El documento de la Fiscalía, con registro de entrada el pasado 1 de junio y al que ha tenido acceso Efe, se refiere a la querella presentada el pasado mes de marzo en la que el bufete acusaba al tribunal español de interpretar erróneamente la doctrina europea sobre el índice, e insta al tribunal a rechazarla.
El alto tribunal estima que, pese a no ser transparente, no es abusiva, ya que se trata de un índice oficial de cuyos detalles la entidad financiera no tiene obligación de informar al cliente.
Desde Arriaga Asociados destacan que la fiscalía «omite deliberadamente, como lo hiciera la Sala Primera en sus polémicas Sentencias, el párrafo del TJUE que obligaba al banco a dar información suficiente al consumidor sobre el IRPH para asegurar la comprensión de las consecuencias económicas que para él tendría lo que iba a firmar».
En un comunicado, el bufete señala la «evidente parcialidad» del Ministerio Público, ya que la querella «se centra en la falta del requisito de transparencia» pero va más allá, al poner de manifiesto la absoluta mala fe con la que los bancos actuaron ocultando información de gran relevancia con el objeto de asegurar la contratación de productos que perjudican objetivamente al consumidor».
Arriaga defiende que el tribunal ha cometido prevaricación, dictando «a sabiendas» unas sentencias que perjudican a cerca de un millón de consumidores, a los que se les escamotean «más de 30.000 millones de euros».
Asimismo, critica que el alto tribunal utilice argumentos «genéricos y masivos» en favor de los bancos, en vez de instar a estudiar cada caso de forma individual, como indica el TJUE.
La querella afirma que, en su jurisprudencia, el Supremo «omite maliciosa y deliberadamente la segunda parte del párrafo donde Europa dice que el banco tiene que cumplir con el deber de informar personalmente».
