La industria echa en falta en su ley un fondo de financiación con 2.500 millones anuales Por EFE
10.12.2024 15:49
Madrid, 10 dic (.).- La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que genera el 55 % el producto industrial bruto del país, ha valorado la ley de industria aprobada por el Gobierno, aunque echa en falta un fondo de financiación que «debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros».
En un comunicado, su portavoz, Carlos Reinoso, dice que aspiran a que estas cuestiones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria, las cuales espera que cuenten con el «máximo consenso posible» porque «es la única fórmula» para reindustrializar la economía española.
La Alianza pone voz a las peticiones de grandes patronales sectoriales como son Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).
Desde su punto de vista, la disposición que muestra el Gobierno de establecer grandes proyectos industriales en España es positiva. No obstante, avisa de que sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación y sin la concreción de plazos, se correrá el riesgo de que el texto se quede «en meras intenciones».
En esta línea, resalta la importancia de articular un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dote de continuidad el proceso emprendido estos años con los Perte, con el fin de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera del mismo, facilitando la economía circular y descarbonización de la industria.
Según sus estimaciones, el fondo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que podría garantizarse la competitividad de los activos industriales estratégicos de España.
Asimismo, la Alianza considera que, para impulsar una verdadera reindustrialización, el nuevo marco legislativo debe contemplar la simplificación de la burocracia administrativa para evitar introducir más cargas en este sentido.
Al margen de ello, aboga por que la ley incluya medidas «más ambiciosas y concretas» en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.
