La industria, en contra de la reducción obligatoria y general de gas en la UE
19.07.2022 16:32
La industria, en contra de la reducción obligatoria y general de gas en la UE
Madrid, 19 jul (.).- La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha pedido este martes al Gobierno que se oponga «frontalmente» a un sistema de alerta que obligaría a los Estados de la Unión Europea a reducir su consumo de gas en unos porcentajes preestablecidos, con independencia de su situación.
Lo ha hecho a través de una carta enviada a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que plantea su rechazo a la nueva medida regulatoria «que está considerando la Comisión Europea», y que se activaría de forma unilateral por este órgano o por la petición de dos Estados miembros.
En una nota de prensa, las patronales Anfac y Sernauto (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia), manifiestan su apoyo al Ejecutivo «en todo lo que considere necesario para defender los intereses de España».
Para la Alianza, «no tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas consumido pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la Unión».
En su opinión, «forzar» paradas industriales en países en los que no es necesario «agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis», poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía de la región.
Las patronales insisten en que los consumidores de gas españoles, domésticos e industriales, vienen financiando «desde hace años» una gran inversión en infraestructuras, precisamente para reducir el riesgo de dependencia de un sólo suministrador.
Por ello, es «incoherente» que la Comisión Europa «pueda decidir» parar sus fábricas, generando «gratuitamente» una caída de actividad y empleo, sostiene la Alianza, que cree que una propuesta de este tipo «no puede escamotearse de su debate al Parlamento y Consejo europeos».
