La Justicia hondureña condena a 22 años y 6 meses de prisión al coautor intelectual del asesinato de la activista Berta Cáceres
21.06.2022 00:09
Una protesta exigiendo justicia para Berta Cáceres. Tegucigalpa, Honduras, 5 de julio de 2021.Delmer Membreno / www.globallookpress.com
La sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras ha impuesto una pena de 22 años y 6 meses de reclusión para el exmilitar Roberto David Castillo Mejía tras ser declarado culpable del delito de asesinato de la activista Berta Isabel Cáceres.
Castillo fue encontrado culpable como coautor del crimen.
Sala I del #TribunalDeSentenciaNacional impone una pena de 22 años 6 meses de reclusión para el ciudadano Roberto David Castillo Mejía por haber sido encontrado culpable del delito de Asesinato en perjuicio de la Ambientalista Berta Isabel Cáceres pic.twitter.com/bPnarwXqCS
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) June 20, 2022
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, mientras dormía en su casa en la Residencial El Líbano en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
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La activista, con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización de la cual Cáceres fue cofundadora, enfrentó durante años a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que impactaba al río Gualcarque, indispensable para la sobrevivencia del pueblo indígena lenca.
¿Quién es Roberto Castillo Mejía?
Castillo, quien fue teniente segundo en inteligencia militar en el Ejército de Honduras (2006-2011), ocupó la presidencia ejecutiva de DESA y fue señalado como coautor intelectual del asesinato de Cáceres. El exmilitar fue detenido en marzo de 2018 en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando estaba a punto de tomar un avión para volar a la ciudad estadounidense de Houston.
En 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) presentó un informe en el que se reveló que directivos y empleados de la hidroeléctrica DESA, junto con agentes del Estado y sicarios contratados, conspiraron para asesinar a la reconocida ambientalista.
El informe destapó la existencia de una maniobra para matar a Cáceres, fraguada en noviembre de 2015, con la finalidad de silenciar su reclamo contra la construcción de una hidroeléctrica que afectaría al medio ambiente.
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