La medidas para hacer frente a la pandemia costaron 97.000 millones en 2020
26.05.2022 18:49
La medidas para hacer frente a la pandemia costaron 97.000 millones en 2020
Madrid, 26 may (.).- Las medidas extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente a la pandemia de coronavirus costaron 96.838 millones de euros en 2020, de los que unos 68.000 corresponden a obligaciones de la Administración General del Estado y 29.000 a las ayudas de naturaleza socio-laboral.
Según la información suministrada por los gestores al Tribunal de Cuentas este jueves, entre las ayudas de naturaleza socio-laboral destacan las prestaciones por desempleo derivadas de ERTE (13.644 millones de euros), las exoneraciones de cuotas de empresas en ERTE (5.567 millones de euros) y las prestaciones por cese de actividad de autónomos (4.917 millones de euros).
Respecto al balance de la Seguridad social, recoge por cuarto año consecutivo un patrimonio neto negativo, que asciende a 68.049 millones de euros en 2020, un ejercicio en el que el Estado ha otorgado préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social de 30.330 millones de euros.
La Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020 ha sido aprobada con una opinión favorable, aunque el pleno manifiesta «salvedades o incidencias» e insta a su corrección.
Entre ellas, la sobrevaloración neta del resultado presupuestario consolidado en 2.008 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos, la valoración a la baja de diversas provisiones por futuros gastos que podría tener que asumir el Estado y otras incidencias relativas a la provisión para la devolución de impuestos.
El Tribunal de Cuentas sugiere a las Cortes Generales que insten al Gobierno a la subsanación de dichas incidencias señaladas y que modifiquen la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en un plazo que se aproxime al máximo al ejercicio fiscalizado.
Además, propone que se adopten urgentemente medidas para resolver la situación del endeudamiento estructural de la Seguridad Social, que asciende a 85.351 millones de euros, un 7,61 % del PIB.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de la contratación de emergencia en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y considera que «todos los contratos estuvieron directa o indirectamente vinculados a la situación de excepcionalidad y que la aplicación de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho».
Este organismo informa de que el gasto contractual del INGESA en mascarillas FFP2, FFP3 y quirúrgicas, guantes de nitrilo y el gel hidroalcohólico ascendió a 246,4 millones de euros aunque el 91,69 % del importe fue destinado a la adjudicación de mascarillas.
