La recaudación del impuesto grandes fortunas irá a «los más vulnerables»
10.11.2022 18:12
© Reuters. La recaudación del impuesto grandes fortunas irá a «los más vulnerables»
Madrid, 10 nov (.).- La recaudación obtenida por el impuesto temporal a las fortunas de más de 3 millones de euros «se destinará a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables», de acuerdo con la enmienda registrada por PSOE y Unidas Podemos en la que se crea este tributo.
El PSOE y Unidas Podemos han registrado este jueves una serie de enmiendas a la proposición de ley que crea gravámenes extraordinarios a la banca y las compañías energéticas, entre ellas una para crear un impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno.
Tal y como se había anunciado, el nuevo impuesto gravará durante dos años los patrimonios superiores a tres millones de euros y será deducible en el impuesto de patrimonio autonómico, por lo que afectará especialmente a los contribuyentes de las regiones que lo tienen bonificado.
El patrimonio neto se calculará igual que en el impuesto de patrimonio -como bienes y derechos, menos las cargas y deudas-, con las mismas exenciones y un mínimo exento de 700.00 euros, y se devengará el 31 de diciembre de cada año.
Los tipos a aplicar serán del 1,7 % para patrimonio de entre 3 y 5,4 millones de base imponible; 2,1 % para entre 5,4 y 10,7 millones, y del 3,5 % a partir de los 10,7 millones.
La presentación del impuesto será obligatoria para los contribuyentes cuya cuota resulte a ingresar y la propia enmienda establece que se adaptará a los conciertos económicos del País Vasco y Navarra.
PSOE y Unidas Podemos explican que este impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas tiene una finalidad recaudatoria «en estos tiempos de crisis energética y de inflación», así como otra «armonizadora» para «disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas» regiones, especialmente en las «que han desfiscalizado total o parcialmente el impuesto sobre el patrimonio».
El impuesto estará vigente durante los dos años siguientes a su entrada en vigor, aunque se prevé «una cláusula de revisión» para valorar, una vez pasado este tiempo, su «mantenimiento o supresión».
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