Los despidos colectivos aumentaron un 34 % en 2023, una tendencia al alza que continúa Por EFE
17.12.2024 13:38
Madrid, 17 dic (.).- El número de afectados por despidos colectivos en España se situó en 36.505 personas en 2023, lo que representó un aumento del 34 % respecto al año anterior, una tendencia al alza que continúa en 2024.
Esta es una de las conclusiones del informe sobre tendencias en materia de despidos colectivos en España, elaborado por Cuatrecasas y presentado este martes, que atribuye este incremento a la necesidad de las empresas de ajustar sus costes para hacer frente a la inflación y al aumento del precio de las materias primas.
Aunque ha aumentado el número de afectados por un ERE en 2023, éste sigue siendo inferior al de 2021 (43.662).
El incremento de 2023 se observó principalmente en el sector servicios y en el industrial; se concentró en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, aunque también Galicia y País Vasco; y se registró mayoritariamente en las empresas de tamaño medio (50-499 trabajadores).
Entre los motivos para introducir a un trabajador en un despido colectivo, es mayoritario el criterio voluntario (65 % de los expedientes analizados).
No obstante, destaca el aumento de acuerdos que cuentan con compromisos de permanencia en la empresa de colectivos como personas con discapacidad, reducción de jornada por cuidado de familiares o situaciones de incapacidad temporal.
Tendencia al alza en 2024
El socio del área Laboral de Cuatrecasas Jorge Aranaz apunta a una posible continuación en 2024 de esta tendencia al alza de los despidos colectivos derivada de la incertidumbre económica y geopolítica a nivel global que da lugar a un entorno económico más inestable, afectando a exportaciones e inversión.
Ese repunte para este año es confirmado también por la subdirectora adjunta de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Macarena Bedmar, quien avanza que este año cerrarán con 190 expedientes tramitados en la Subdirección de Trabajo, frente a los 160 de 2023.
Hasta la fecha, la Subdirección de Trabajo, uno de los organismos que recibe los expedientes -junto con las autoridades laborales autonómicas-, ha tramitado 185, la mayor parte (142) de regulación de empleo (ERE), en tanto que el resto fueron de regulación temporal de empleo (ERTE).
Los principales motivos esgrimidos en esos 142 ERE fueron las causas económicas (85) frente a las técnicas y productivas (56), detalla Bedmar, quien subraya además que se han duplicado los expedientes que contaron con un preaviso de seis meses.
Los acuerdos aportan seguridad frente a judicialización
Aranaz resalta que, pese a ese incremento de los despidos colectivos, también se observa una tendencia hacia el acuerdo entre las partes implicadas.
En 2023, el número de despidos colectivos con acuerdo (28.155 trabajadores afectados) superó significativamente a los finalizados sin acuerdo (4.020), lo que refleja una mayor disposición de empresas y personas trabajadoras a encontrar soluciones consensuadas.
Otro de los socios del área Laboral de Cuatrecasas, Jordi Puigbó, puso de relevancia esa necesidad de que empresas y representantes de los trabajadores busquen el acuerdo en los procesos de despidos colectivos, porque aportan «seguridad frente a una posible judicialización».
A ese alargamiento de los plazos en los tribunales se refirieron también los secretarios generales de UGT y CCOO en Cataluña, Camil Ros y Javier Pacheco, quienes atribuyeron a la reforma laboral de 2012 esa «ruptura» de los equilibrios en los procesos de despidos colectivos, al eliminarse la autorización previa administrativa.
El promedio de las cuantías indemnizatorias pactadas en los acuerdos de despido colectivo «supera el límite legal para el despido objetivo» (20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades), dice el informe, que apunta que en la mayoría de los acuerdos alcanza los treinta días de salario por año de servicio.
De media, las indemnizaciones pactadas superaron en casi diez días de salario por año de servicio el módulo legal, y en más de tres mensualidades el tope legal de doce mensualidades, lo que refleja «una tendencia hacia acuerdos más favorables para las personas trabajadoras, influenciada por la presión sindical y la voluntad de evitar conflictos», añade el informe.
