Niegan la inmunidad diplomática a soldados británicos acusados de provocar un incendio en Kenia «drogados con cocaína»
14.04.2022 17:30
Soldados del Ejército del Reino Unido durante un entrenamiento en el condado de Laikipia (Kenia), el 27 de marzo de 2018.Tony Karumba / AFP
Antonina Bore, jueza del Tribunal Superior de Kenia, ha negado la inmunidad diplomática a un grupo de soldados del Ejército del Reino Unido que el año pasado presuntamente provocó un incendio en ese país africano mientras estaban «drogados con cocaína», informan medios locales.
El gran incendio forestal tuvo lugar en marzo de 2021 en Lolldaiga Hills Ranch, un terreno de casi 20.000 hectáreas que alberga la base de Nanyuki, utilizada por las tropas británicas para llevar a cabo ejercicios militares.
Linus Murangiri, un empleado de la organización Lolldaiga Conservancy, murió aplastado por un vehículo cuando corría para ayudar a apagar las llamas, que arrasaron unas 4.000 hectáreas, causaron una «devastación generalizada» y pusieron a más de 1.000 lugareños en riesgo de sequía, detalla Daily Mail.
Acciones legales
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El Centro Africano de Acción Correctiva y Preventiva emprendió acciones legales contra la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico Kenia (BATUK, por sus siglas en inglés) en busca de una compensación económica, argumentando que el incendio había sido causado por miembros de ese cuerpo que dieron positivo por cocaína. También se registraron demandas civiles.
En ese momento la BATUK aseguró que sus soldados no fueron los responsables del fuego, detallando que se hallaban protegidos contra un posible enjuiciamiento ya que gozaban de inmunidad diplomática.
Pero en el fallo emitido recientemente, Bore determinó que los integrantes de dicha unidad británica no tienen ese derecho porque en 2015 el Reino Unido y Kenia firmaron un acuerdo de cooperación de defensa, cuyos términos «equivalentes a una renuncia de la inmunidad estatal».
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La jueza recordó que el tratado «requiere que las fuerzas visitantes respeten y sean sensibles a las tradiciones, costumbres y cultura de las comunidades en los lugares donde sean desplegadas» y paguen una compensación en caso de que sean declarados responsables de haber causado cualquier muerte, lesión, pérdida o daño a las personas y/o bienes de los miembros de dichas comunidades locales.
En este sentido, señaló que, en virtud del acuerdo, «es evidente que Kenia tendría jurisdicción sobre demandas civiles y responsabilidades derivadas de actividades en su territorio», mientras que el Reino Unido solo podría ocuparse de los casos relacionados con hechos ocurridos en su territorio.
En consecuencia, Bore solicitó al Centro Africano de Acción Correctiva y Preventiva y a la población local que inicien un proceso de resolución de disputas para tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno británico. En caso de que no se alcance, el caso volverá a ser juzgado en los tribunales de la nación africana.
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