¿Qué hay de cierto en que Reino Unido podría quedarse sin criptomonedas?
05.04.2022 17:50
¿Qué hay de cierto en que Reino Unido podría quedarse sin criptomonedas?
Los reguladores del Reino Unido tienen bajo la lupa a más de 200 empresas del sector de las criptomonedas de acuerdo con fuentes de Financial Times. Todas aquellas compañías que trabajan sin contar con los debidos documentos de autorización se encuentran bajo escrutinio porque podrían ser sospechosas de crímenes de blanqueo de capitales. La regulación en el país cierra el cerco alrededor de las empresas con más volumen de actividad relacionadas con las criptos y hay un plazo límite para que cumplan con los requisitos de la autoridad.
Por ello, se esperaba que contasen hasta el 31 de marzo para ponerse al día con los papeles necesarios, de lo contrario se amenazó con recurrir a sanciones. Estas exigencias vienen a raíz de que las autoridades regulatorias consideran que las cripto empresas están relacionadas con la proliferación de estafas en el país. Sin embargo, no todas las empresas consideradas del sector han cumplido con este plazo inicial y por el momento queda por verse la extensión de las sanciones que podrían recibir o los procesos que se abrirán en relación con estas irregularidades.
Consecuencias de no cumplir con lo exigido por la FCA
En el peor de los casos, si no se registran en la Financial Conduct Authority (FCA), muchas de empresas podrían estar obligadas a cerrar, ya que no tendrían permitido operar. Estas medidas supondrían una amenaza para la economía y el desarrollo tecnológico para el país, ya que las empresas podrían desplazarse a otros países en busca de regulaciones más laxas. Esto es especialmente sangrante en el caso de Reino Unido, ya que en su territorio se encuentra una gran cantidad de fintechs que forman parte del sector Startup y Pyme. Varias de estas empresas están sopesando el curso de acción que deben tomar para poder continuar con sus actividades. Sin embargo, las exigencias de la FCA podrían recortar sus beneficios y aumentar los costes operativos debido a los requisitos adicionales que se imponen para la actividad. Esto podría desembocar en una fuga de empresas del país.
