Tres décadas y una crisis después, Salameh deja el BC del Líbano imputado por corrupción

Noemí Jabois

Beirut, 31 jul (.).- Riad Salameh, gobernador del Banco Central del Líbano durante las últimas tres décadas, abandona hoy su puesto imputado por supuestos delitos de corrupción en varios países y entre acusaciones de haber desencadenado con sus políticas una de las peores crisis económicas en más de siglo y medio.

Salameh, de 73 años y licenciado en Economía por la Universidad Americana de Beirut, trabajó durante casi dos décadas para la firma estadounidense de gestión de inversiones Merrill Lynch, donde llegó a ostentar cargos de alto rango hasta su nombramiento como gobernador del Banco Central libanés en 1993.

El economista se puso al frente de la entidad emisora en época de posguerra tras el conflicto civil librado en el país mediterráneo entre 1975 y 1990, encadenando un total de cinco mandatos consecutivos de seis años cada uno, una de las estancias más largas de la historia en un puesto como ese.

Tres cuartos de su biografía en la página web de la entidad emisora están dedicados a enumerar más de una veintena de premios y distinciones que le fueron otorgados a lo largo de esos años, entre ellos varios de «mejor gobernador de Banco Central en Oriente Medio» y alguno por ser «uno de los mejores» en el mundo.

AUDITORÍA EN EL BC

Sin embargo, la opinión pública comenzó a cambiar cuando en el verano de 2019 se hicieron patentes los primeros síntomas de una grave crisis económica arraigada en años de lo que el Banco Mundial (BM) ha calificado de «esquema Ponzi», un tipo de fraude a inversores.

El sistema bancario libanés se convirtió en tenedor de buena parte de la deuda que el Estado fue emitiendo a partir de la guerra civil para cubrir su déficit, invirtiendo el dinero de los clientes y creando un círculo vicioso solo capaz de seguir a flote mientras siguiese entrando dinero a las entidades.

«Se utilizó la acumulación excesiva de deuda para crear una ilusión de estabilidad y reforzar la confianza en el sistema macrofinanciero de modo que los ingresos siguiesen fluyendo», consideró el BM en uno de sus informes sobre el Líbano.

Muchos señalan a la entidad encabezada por Salameh y a su ingeniería financiera como actores clave en el desaguisado, incluyendo por el mantenimiento del tipo de cambio de la moneda libanesa frente al dólar durante tres décadas, desvinculando su valor de la realidad de los mercados.

En 2020 la firma neoyorquina Alvarez & Marsal inició una auditoría en las cuentas del Banco Central libanés que se esperaba arrojase luz sobre las causas de la crisis, pero meses más tarde abandonó el encargo al alegar que la entidad le negó información clave amparándose en las leyes de secreto bancario entonces en vigor.

Después de que el Parlamento aprobase una ley que levantaba el secreto bancario de las cuentas públicas, la empresa retomó su tarea y recientemente entregó al Gobierno un borrador de informe que todavía no se ha hecho público.

DELITOS DE CORRUPCIÓN

En medio de ese giro de suerte, salieron a la luz una serie de acusaciones de corrupción contra Salameh que desde el pasado año le han valido más de una imputación por presuntos delitos de malversación de fondos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

También es investigado en varios países europeos por transferencias millonarias realizadas desde el Líbano y en las que también es sospechoso su hermano Raja, quien podría haber recibido importantes pagos a través de contratos de servicios con el Banco Central libanés.

El economista defiende que el dinero de esas transferencias salió de su cuenta personal y no pertenecía a la entidad que dirige.

Aunque en su contra pesan congelaciones de bienes, prohibiciones de viaje y órdenes de arresto -entre ellas dos internacionales emitidas por las Justicias francesa y alemana-, Salameh permanece en libertad y ha seguido al frente del Banco Central hasta el último día de su mandato.

Algunos partidos de este país azotado por la corrupción endémica son acusados de ampararle y se cree que su permanencia en el puesto ha sido una ficha de negociación política durante los bloqueos que ha sufrido la nación en los últimos años.

Como gobernador de la entidad emisora, Salameh ostenta por defecto otros cargos que paradójicamente incluyen el de presidente de la Comisión Especial de Investigación, una unidad judicial que estudia transacciones «sospechosas» para luchar contra los ingresos ilícitos.

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