El arresto del primer ministro de Islas Vírgenes Británicas abre el debate sobre control del archipiélago por Londres
01.05.2022 14:12
La reina de Inglaterra, Isabel II, durante una visita a las Islas Vírgenes Británicas, el 26 de octubre de 1977. AP
Poco antes de que el primer ministro de Islas Vírgenes Británicas, Andrew Alturo Fahie, compareciera este viernes ante un juez federal en Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de fondos, una comisión investigadora británica emitió un informe en el que recomienda a Londres retomar el control directo sobre este territorio de ultramar en el Caribe como forma de atajar la corrupción sistémica.
Fahie fue arrestado en Miami (Florida) el pasado jueves junto con la directora de los puertos de este territorio, Oleanvine Maynard. La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) acusó a los altos cargos de conspiración, con la involucración de un cártel de drogas mexicano. Según los registros oficiales, el hijo de Maynard, Kadeem Maynard, se enfrenta a los mismos cargos en el supuesto esquema.
Horas antes de que Fahie compareciera ante el tribunal, la comisión de investigación dirigida por el juez Gary Hickinbottom publicó su informe final, en el que recomendaba que Londres disolviera el gobierno electo de las islas, suspendiera su constitución e impusiera un gobierno directo.
Arrestan en EE.UU. al primer ministro de Islas Vírgenes Británicas por narcotráfico y blanqueo de dinero
En el documento se señala que los sucesivos gobiernos habían «procurado deliberadamente evitar la buena gobernanza al no poner en marcha procesos» o ignorándolos cuando los había, lo que «es lamentablemente frecuente», informa The Guardian.
Hickinbottom instó al Gobernador General, John Rankin, a tomar el control directo de la política interior y de los presupuestos de las islas, crear un órgano consultivo formado por representantes locales y realizar una revisión constitucional de un año de duración.
La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, declaró que el informe mostró «claramente que se necesitan cambios legislativos y constitucionales sustanciales para restablecer los niveles de gobernanza a los que el pueblo de las Islas Vírgenes Británicas tiene derecho», si bien no anunció oficialmente ninguna intención de establecer un gobierno directo.
«Harían retroceder el progreso constitucional histórico»
El primer ministro en funciones de las islas, Natalio Wheatley, quien asumió el cargo tras la detención de Fahie, expresó sus preocupaciones con los planes de Londres.
«Lo que esto significaría en términos reales es que ya no habría representantes elegidos que representen a la gente de los distritos y del territorio en la Cámara de la Asamblea donde se hacen las leyes para nuestra sociedad», comentó en una declaración.
Wheatley reconoció los «asuntos muy graves destacados en el informe» y no cuestionó la autoridad y responsabilidad del representante de la Corona británica de mantener el orden. Al mismo tiempo, señaló que las reformas propuestas «pueden conseguirse sin suspensión parcial o total de la Constitución», que calificó de «medidas draconianas que harían retroceder el progreso constitucional histórico» que han logrado como pueblo.
La comisión de Hickinbottom fue creada en 2021, en medio de denuncias sobre la corrupción y despilfarro del gobierno, así como de rumores acerca de que los dirigentes de la isla se dedicaban al tráfico de drogas. Según el medio, el Gobierno británico estaba al tanto de la investigación encubierta de EE.UU., y decidió «apresurarse» a publicar el informe de Hickinbottom, de unas mil páginas, tras la detención de Fahie.
Fahie y Maynard fueron arrestados en el aeropuerto Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, adonde llegaron para reunirse con narcotraficantes, que eran en realidad agentes de la DEA, para recibir 700.000 dólares por ayudar a contrabandear cocaína desde Colombia a Miami y Nueva York, según materiales del caso.
La última vez que Londres impuso un gobierno directo en un territorio de ultramar fue en 2009, cuando el Ejecutivo de las Islas Turcas y Caicos fue acusado de corrupción. El gobierno local se restableció en 2012. Las Turcas y Caicos también estuvieron bajo gobierno directo en 1986-88, después de que su ministro principal fuera acusado de complicidad en tráfico de drogas.
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