Las pequeñas y medianas empresas en Cuba, en el ojo del huracán tras 2 años de legalizarse

Juan Carlos Espinosa

La Habana, 19 ago (.).- La normativa que dio pie a la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) en Cuba cumple este sábado dos años en medio de una miríada de críticas, una profunda crisis económica y políticas que limitan su gestión.

Estas nuevas firmas entraron en la escena de la tradicionalmente centralizada economía cubana tan solo un mes después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Según la prensa oficialista, cerca del 50 % de las empresas no son estatales: se han registrado más de 8.000 en dos años. El sector emplea a más del 15 % de los trabajadores del país y aporta poco menos del 14 % del producto interior bruto (PIB), según cifras oficiales.

Además, han introducido productos que escaseaban o que no existían en la isla, que sufre un grave desabastecimiento de bienes básicos.

Sin embargo, el viaje por el que han pasado las pequeñas y medianas empresas en este corto tiempo no ha sido sencillo ni ha estado exento de polémica.

En los últimos meses, las mipymes han estado en el foco de la opinión pública en algunos sectores del oficialismo y de la disidencia.

Sus detractores las señalan como presuntas causantes de la descontrolada inflación del país por sus altos precios -un cartón de leche, por ejemplo, puede costar hasta la mitad de un salario medio- y, en la oposición se les acusa de ser cercanas al Partido Comunista (PCC, único legal) y simular una falsa apertura de mercado.

Este aluvión de críticas fue subrayado por el propio presidente, Miguel Díaz-Canel, en el cierre de sesiones del Parlamento el pasado julio.

En las pasadas semanas, el Gobierno anunció una serie de medidas para fomentar la bancarización de Cuba, un país en el que el efectivo sigue siendo rey y un buen número de cajeros automáticos -sobre todo en La Habana- no dispone de dinero.

El anuncio provocó nerviosismo en las mipymes. Entre las normas que entrarán en vigor dentro de seis meses está un tope de 5.000 pesos (unos 40 dólares al cambio oficial) en las transacciones entre las empresas.

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