¿Los cárteles de Sinaloa y de Caro Quintero se disputan Ciudad de México? El informe que derriba un mito sobre el narco en la capital
19.07.2022 19:03
Operativo policial antinarcóticos en la Ciudad de México, 4 de julio de 2020.Owen Granados / Eyepix Group / Future Publishing / Gettyimages.ru
La Ciudad de México se convirtió en un botín narco. Una «plaza» que actualmente se disputan dos células del Cártel de Sinaloa y la organización criminal creada por Rafael Caro Quintero, el fundador del ya desaparecido Cártel de Guadalajara que fue detenido el viernes pasado.
Así lo reveló este martes el diario El Universal con base en un informe oficial que ratifica lo que el exjefe de Gobierno, Miguel Mancera, siempre negó: la creciente escalada del narcotráfico en la capital del país.
El documento, que fue elaborado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reporta que la detención de 49 narcotraficantes es una de las principales pruebas del nivel de penetración que ya tiene el narco en la Ciudad de México.
Todos ellos ejercían cargos de peso en sus organizaciones que iban desde jefes de células y operadores financieros, hasta distribuidores de droga con una importante jerarquía. Pertenecen fundamentalmente a tres grupos.
Uno es la facción del Cártel de Sinaloa que responde a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘los Chapitos’: Ovidio, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín. Por cada uno de ellos, EE.UU. ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.
Otro sector del Cártel de Sinaloa que ya opera en la capital es el que comanda Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los capos más buscados y más misteriosos, ya que nunca ha ido a prisión y las fotografías sobre él son escasas. El pago por su captura asciende a 15 millones de dólares. La DEA lo identifica como el narcotraficante más poderoso del país.
Desde que ‘El Chapo’ fue capturado, extraditado a EE.UU. y condenado a cadena perpetua, ‘El Mayo’ y ‘los Chapitos’ comenzaron una pelea por el control del Cártel de Sinaloa, que sigue siendo la organización criminal más grande de América Latina.
En pie de guerra
El tercer grupo con presencia en la Ciudad de México es el que obedece a Caro Quintero, un narco que permaneció 28 años en prisión hasta que en 2013, con sospechas de corrupción en el medio, fue liberado gracias a tecnicismos legales. Dos años más tarde, cuando la Justicia decidió que debía volver a prisión, ya se había fugado.
Una captura de alto calibre: Las implicaciones políticas de la exitosa detención del capo Caro Quintero (y cómo reconfiguran el narco)
Finalmente, el capo de 69 años fue capturado en Sinaloa el viernes pasado, lo que se convirtió en el operativo narco de mayor envergadura en los tres años y medios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención también impacta en la permanente disputa criminal por los territorios.
Uno de ellos es la Ciudad de México, en donde, según el informe, desde 2020 se profundizaron las peleas para la distribución y venta de drogas, principalmente cocaína, además de actividades financieras.
El documento afirma que la narrativa que sostuvo la pasada administración, que aseguraba que en la capital no había delincuencia organizada, resultó contraproducente, pues esta negación se convirtió en un aliciente para su crecimiento.
«Las autoridades (pasadas) hacían malabarismo dialéctico para no hablar de un problema que incendiaba el resto del país, bajo la idea de que la Ciudad de México era una burbuja al margen de lo que pasaba en el resto de México», acusa.
De hecho, añade, para el Cártel de Sinaloa la Ciudad de México es vista como «un punto neurálgico donde todo confluye», apta para manejar un mercado de consumo bastante lucrativo; un destino central de distribución de drogas hacia otras zonas del país y EE.UU. y para el lavado de dinero.
También advierte que, como resultado de esta disputa por el control de la «plaza», en los últimos dos años se han registrado por lo menos 75 muertes en condiciones violentas. Algunos cadáveres fueron reclamados por sus familiares en Sonora, Tijuana y Sinaloa, pero otros se quedaron en fosas comunes porque nadie los recogió en el Servicio Médico Forense.
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