Recortes presupuestarios hacen perder miles de viviendas públicas en EE.UU.
27.09.2022 22:24
© Reuters. Recortes presupuestarios hacen perder miles de viviendas públicas en EE.UU.
Nueva York, 27 sep (.).- Los recortes presupuestarios del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) en vivienda pública están deteriorando las condiciones de vida de casi un millón de residentes de bajos ingresos que la necesitan y reduciendo su disponibilidad, denunció este martes la ONG Human Rights Watch (HRW).
La ONG publicó un informe sobre el impacto de la infrafinanciación federal en la crisis de vivienda pública, que destaca un mantenimiento deficiente hasta el punto en que las reparaciones tardan meses o incluso años, y que lleva a que cada año se pierdan unos 10.000 apartamentos asequibles debido a su deterioro.
El estudio toma como referencia la situación de dos organismos gestores de vivienda pública, uno en Nueva York, que es el más grande del país, y otro en Nuevo México, más pequeño, en ambos casos con servicio a los mismos usuarios: personas de bajos ingresos, discapacitadas, ancianas y de color.
Las autoridades de vivienda pública, señala el documento, reciben la mayor parte de su financiación del Gobierno federal, y entre 2000 y 2021 el dinero para reparaciones se redujo un 35 % en términos reales, lo que en ocasiones supone una amenaza para la salud de sus residentes.
Aparte de eso, las restricciones por ley en el uso de fondos federales para construir nuevas viviendas públicas y el aumento de la financiación a programas que dependen del sector privado, como los vales para inquilinos y los créditos fiscales para promotores, están agravando la crisis.
Según el informe, las viviendas construidas con ese programa de créditos fiscales son habitualmente menos asequibles que las viviendas públicas y las protecciones a su asequibilidad son temporales, de manera que 400.000 apartamentos, o un 20 % del parque de vivienda, dejarán de estar protegidas en 2030.
Tras publicar las averiguaciones, HRW llamó al Gobierno federal y a las autoridades estatales y locales a aumentar la financiación de la vivienda pública y pidió al Congreso derogar la ley de 1998 que restringe el uso de fondos federales para nueva vivienda, llamada Enmienda Faircloth.
