Colombia cumple «parcialmente» con las recomendaciones de la CIDH para evitar violaciones de los derechos humanos
03.06.2022 18:50
Manifestaciones en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Colombia, el 26 de mayo de 2022Cristian Bayona / Long Visual Press / Gettyimages.ru
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual sobre Colombia, afirmó que el país suramericano ha cumplido parcialmente con sus recomendaciones sobre las medidas del Estado para evitar las violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.
En el texto, de 94 páginas, se hace un seguimiento de las observaciones hechas por la CIDH en varias emisiones del informe ‘Verdad, justicia y reparación’, entre los años 2013 y 2020, y de los avances del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
En los puntos neurálgicos del tema de seguridad ciudadana relacionados con la judicialización de los agentes del Estado responsables de las ejecuciones extrajudiciales y la separación de sus cargos de quienes hayan incurrido en violación de los derechos humanos, la Corte determinó que los avances habían sido parciales e incumplidos.
#CIDH publica #InformeAnual2021, el cual observa la situación de #DerechosHumanos en los 35 Estados de @OEA_oficial; presenta el trabajo realizado para garantizar acceso a justicia y reparación integral a víctimas; y la distribución de recursos y donantes. https://t.co/QKYAHr8KRapic.twitter.com/nCZPk90rxt
— CIDH – IACHR (@CIDH) June 2, 2022
Deudas con esclarecimiento de ‘falsos positivos’
La CIDH le pidió al Gobierno colombiano que adoptara, «a la brevedad», medidas para evitar que los agentes del Estado cometieran violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Para lograr esto, pedía una «investigación seria imparcial y efectiva» y una «formación intensiva» en ambos temas.
Entre sus peticiones se encontraba la adopción de mecanismos «para garantizar que los casos de ejecuciones extrajudiciales sean investigados en la jurisdicción competente».
Al respecto, el Estado colombiano informó que abrió 28 investigaciones contra oficiales militares de alto rango por ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas de 2002 a 2008. Entre esos años, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron asesinadas 6.402 personas a la que las fuerzas militares presentaron como «bajas en combate».
En cuanto a los casos de ese tipo reportados en 2018, Colombia dijo que se adelantan 24 procesos en ‘etapa de indagación’ e ‘investigación preliminar‘.
Adicional a estas cifras, según la CIDH, hasta noviembre de 2021, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía tramitó 2.209 casos activos, de los cuales 16 estarían relacionados con los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.
Como ninguna de estas investigaciones ha avanzado a la etapa de juzgamiento, según la Comisión, a pesar de que el Estado se comprometió a que serían judicializados los máximos responsables de estos crímenes, esta recomendación se considera parcialmente cumplida.
Con respecto a la solicitud del organismo regional de que se establecieran mecanismos para que los miembros de las fuerzas de seguridad que resultaran comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos fueran «suspendidos del servicio activo», «el Estado no envió información al respecto«, recoge el documento.
Las otras protestas
A pesar de que las manifestaciones que alcanzaron mayor visibilidad internacional fueron las de 2021, estas tomaron fuerza desde 2019 en algunas ciudades del país donde los colombianos salieron a protestar en contra de varias medidas gubernamentales y en reclamo de mejoras en los sectores de educación, salud, empleo y seguridad social, entre otros. Durante estas movilizaciones masivas, las organizaciones sociales y las víctimas denunciaron abusos policiales y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.
Ante estas denuncias, la CIDH pidió al Gobierno colombiano que adoptara medidas pertinentes para que «los miembros de las fuerzas de seguridad que resulten comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos sean suspendidos del servicio activo».
Manifestantes y la policía antidisturbios de Colombia se enfrentan en las calles de Medellín
Al indagar sobre las movilizaciones de 2020, la Comisión fue informada de los «escasos avances en varias de las investigaciones judiciales» sobre las personas que fallecieron entre el 9 y 10 de septiembre de ese año.
«Las organizaciones señalaron que, pese a que en varios casos los proyectiles encontrados en los cuerpos de las personas fallecidas fueron identificadas como munición que provinieron de armas de la fuerza pública, los policías responsables por estas armas no fueron suspendidos de su servicio activo«, relata el informe.
Por ello, la Corte considera incumplida esta recomendación y «hace un llamado al Estado para investigar todos estos hechos, sancionar a los autores materiales e intelectuales y suspender del servicio activo a los agentes de seguridad involucrados».
2021, un año clave
En su informe, la Comisión considera que durante el 2021 en Colombia «se continuó presentando una serie de desafíos en materia de derechos humanos, destacando temas vinculados a la seguridad ciudadana, el incremento del desplazamiento forzado, confinamiento y las vulneraciones».
En medio de las movilizaciones antigubernamentales de ese año, el órgano regional regido por la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una visita de trabajo en junio «para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas«.
Un mes más tarde emitió un documento con una serie de observaciones y recomendaciones donde afirmó que encontró «graves violaciones a los derechos humanos» en el contexto de las manifestaciones y «otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social».
En ese escrito sugirió separar a la Policía colombiana del Ministerio de Defensa para «garantizar» los derechos humanos de los manifestantes, lo que fue inmediatamente rechazado por el presidente Iván Duque, quien aseveró que «nadie podía recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad».
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