Imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad: Colombia acusa a 25 personas por más de 300 víctimas presentadas como ‘falsos positivos’
26.07.2022 03:04
Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia declaran ante la prensa, en Bogotá, el 25 de julio de 2022Twitter / @JEP_Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) imputó este lunes a 22 militares, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —organismo estatal que realizaba labores de inteligencia y contrainteligencia—, y dos civiles por su presunta participación en el llamado ‘Caso 03’, conocido también como ‘falsos positivos’, donde efectivos de seguridad del Estado presentaron falsamente a personas indefensas como dadas de baja en combates como guerrilleros o delincuentes.
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, y el magistrado Óscar Parra, relator del subcaso ‘Casanare’, que integra el expediente de ‘falsos positivos’, detallaron que los acusados están señalados por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tras haber participado en los asesinatos de 303 personas en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre los años 2005 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Entre los acusados se encuentran un mayor general, dos coroneles, tres tenientes coroneles, diez oficiales y seis suboficiales, todos en condición de retiro y quienes —en su mayoría— pertenecían a la Brigada XVI del Ejército colombiano. En estas imputaciones tomaron en cuenta los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo, quien recientemente fue extraditado a EE.UU.
En esta investigación la sala determinó que 303 personas fueron asesinadas para ser presentadas como falsas bajas en combate, en 218 acciones realizadas en Casanare. También halló que algunas víctimas fueron trasladadas desde Boyacá, Meta y Arauca. pic.twitter.com/TH4IwBj9Hz
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Tras la acusación, la JEP ha llamado a los presuntos responsables a reconocer los hechos en tres dimensiones: «fáctica, jurídica y restaurativa», quienes a partir de este lunes tienen 30 días hábiles para asumir o rechazar los cargos. En ese tiempo, los acusados podrán aportar sus argumentos, brindar nuevas evidencias, así como también lo harán las víctimas acreditadas y la Fiscalía.
Al vencer el plazo y dependiendo de lo que suceda, la JEP decidirá fijar una fecha de audiencia pública de reconocimiento. Si los imputados se niegan a aceptar su responsabilidad, el caso será enviado a la Unidad de Investigación y Acusación. De ser declarados culpables en juicio, los acusados podrían ser condenados a 20 años de prisión.
¿Quiénes son los señalados?
La JEP detalló que como «autores mediatos» de «máxima responsabilidad» están imputados el mayor general Henry William Torres Escalante, el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel Germán Alberto León Durán y el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo, quienes «deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando».
Como «coautores» con «aportes esenciales» se encuentran el detective retirado del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar, el teniente Marco Fabián García Céspedes, el coronel Wilson Camargo Tamayo, el capitán Jaime Alberto Rivera Mahecha, el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez, el teniente Jhon Alexánder Suancha Florián, el cabo primero Gélver Pérez García y el teniente coronel Marcolino Puerto Jiménez.
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En la misma lista están el capitán César Augusto Cómbita Eslava, el capitán Miguel Andrés Sierra García, el mayor Jorge Eduwin Gordillo Benítez, el mayor Erwin Eduardo Duarte Rojas, el cabo segundo Leandro Eliécer Moná Cano, el sargento primero Wilfrido Domínguez Márquez, el sargento segundo Wilson Salvador Burgos Jiménez, y el sargento primero Gildardo Antonio Jiménez Castrillón.
De igual forma aparecen señalados dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores, identificados como Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros tres responsables señalados como coautores «que no detentan la máxima responsabilidad» son: el coronel Cipriano Peña Chivatá, el teniente Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
¿Cómo ejecutaban los crímenes?
La JEP informó que el patrón criminal ejecutado por los responsables en estos hechos, se realizó en tres modalidades:
- Tomaban a personas que se encontraban detenidas para asesinarlas y mataban civiles en operaciones que inicialmente eran legales
- Incriminaban a las víctimas a partir de ‘labores de inteligencia’ y las acusaban de delincuentes, guerrilleros o de pertenecer a grupos armados ilegales para ejecutarlas
- Reclutadores civiles vinculados a las unidades militares captaban personas bajo engaño, las trasladaban de zonas urbanas a rurales para que las asesinaran en supuestos combates
La JEP detalló que los imputados operaban como «una organización criminal compleja» que aprovechó «la arquitectura institucional del Ejército» para realizar los asesinatos. Además, se determinó que la Justicia Penal Militar «no investigó adecuadamente» las muertes y «contribuyó a perpetuar la conducta criminal».
▶️Entre otros hallazgos, la sala pudo constatar que los recursos de los contribuyentes, así como los aportes entregados a las unidades por convenios con las petroleras, fueron destinados de manera irregular para la comisión de los crímenes.
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Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes por los miembros de la Brigada XVI, quienes denominaban a esos implementos como ‘kit de legalización’ para los falsos positivos.
La Jurisdicción también detectó que bajo la comandancia del mayor general Torres Escalante «se incrementó la presentación artificial de resultados operacionales», y señaló que más de 140 millones de pesos de recursos provenientes de los contribuyentes colombianos, unos 30.000 dólares actuales, sirvieron para financiar las acciones criminales.
Las víctimas
La JEP detalló que muchas víctimas fueron asesinadas «en situación de indefensión» y eran obligadas a consumir alcohol o drogas antes de ejecutarlas.
En su mayoría los asesinatos se cometieron contra hombres de entre 18 y 25 años, pero también mataron adultos mayores, personas con discapacidad cognitiva, mujeres, niños, niñas y adolescentes.
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La JEP destacó que en el subcaso ‘Casanare’ nueve mujeres, una de ellas embarazada, otras dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa; fueron asesinados, motivo por el que decidieron imputar —por primera vez— el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
También se imputó por primera vez el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes, por involucrar a menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a varias víctimas.
Además, la JEP determinó que las víctimas se enfrentaron a daños morales, psicológicos y físicos. También sufrieron «múltiples afectaciones» personales, familiares y sociales, como estigmatización, revictimización, amenazas, hostigamientos, entre otros.
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